ECONOMÍA
El equipo de gobierno da cumplimiento al acuerdo que recibió el apoyo de los grupos de la oposición PSOE y Ciudadanos
La auditoría incluirá un análisis del impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental de las actividades investigadas
El Ayuntamiento entiende la Auditoría como una obligación municipal y un derecho de la ciudadanía
La práctica totalidad del equipo técnico que conforma la Auditoría de Deuda y Políticas Públicas está integrado por funcionarios municipales, ya en plantilla
"Como una obligación del Ayuntamiento y un derecho de la ciudadanía", así es como entiende el gobierno municipal de Ahora Madrid la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas, cuya puesta en marcha ha anunciado hoy el Delegado del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
Según el consistorio, la auditoría nace con tres objetivos prioritarios: consolidar una herramienta de información sobre la gestión económica municipal; analizar el uso de los recursos públicos y el impacto que la deuda ha tenido sobre la ciudadanía; y poner en marcha un protocolo que garantice transparencia, los procesos de rendición de cuentas y el control ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid.
Al término de la Junta de Gobierno, Sánchez Mato, acompañado por la portavoz municipal, Rita Maestre, ha explicado cómo va a funcionar la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas. El equipo de gobierno da así cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 22 de julio, que recibió el apoyo de los grupos de la oposición PSOE y Ciudadanos.
El Ayuntamiento asegura que su creación obedece a tres principios, entre ellos "evaluar la actividad municipal en función de su impacto sobre la ciudadanía". Además del trabajo técnico y su difusión, "la auditoría posibilitará que los madrileños tomen parte en su elaboración", aseguran desde el Ayuntamiento. Los resultados y conclusiones obtenidos "serán sometidos a mecanismos democráticos vinculantes de participación ciudadana, que guíen las futuras decisiones del gobierno municipal sobre la materia".
"En coherencia con los principios internacionales de transparencia en la gestión pública y rendición de cuentas, entendemos la Auditoría como una obligación del Ayuntamiento y un derecho de la ciudadanía", ha recalcado el delegado de Economía y Hacienda.
La auditoría que pone en marcha el gobierno municipal de Madrid será de tipo integral. Más allá de los aspectos legales, ya controlados por la Intervención General, incluirá análisis del impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental de las actividades municipales investigadas.
La práctica totalidad del equipo técnico está integrado por funcionarios municipales, ya en plantilla. Colaboraciones puntuales de expertos e instituciones académicas o de investigación de reconocido prestigio complementarán este trabajo profesional.
El propósito, aseguró Mato, no es sólo fiscalizar a los gobiernos del PP, sino mantener la transparencia en el presente y el futuro, e "ir más allá de los aspectos legales que ya audita la Intervención General", para analizar su impacto en las políticas públicas.
Una vez conocidos los resultados, se establecerán mecanismos democráticos para ver qué se hace" con los contratos, tanto los de alquileres de edificios públicos, como los financieros o los de externalización de gestión de servicios como la limpieza. Los trabajos se extenderán durante muchos meses, pero se irán divulgando datos a medida que se analicen.
Según el consistorio, la auditoría nace con tres objetivos prioritarios: consolidar una herramienta de información sobre la gestión económica municipal; analizar el uso de los recursos públicos y el impacto que la deuda ha tenido sobre la ciudadanía; y poner en marcha un protocolo que garantice transparencia, los procesos de rendición de cuentas y el control ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid.
Al término de la Junta de Gobierno, Sánchez Mato, acompañado por la portavoz municipal, Rita Maestre, ha explicado cómo va a funcionar la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas. El equipo de gobierno da así cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 22 de julio, que recibió el apoyo de los grupos de la oposición PSOE y Ciudadanos.
El Ayuntamiento asegura que su creación obedece a tres principios, entre ellos "evaluar la actividad municipal en función de su impacto sobre la ciudadanía". Además del trabajo técnico y su difusión, "la auditoría posibilitará que los madrileños tomen parte en su elaboración", aseguran desde el Ayuntamiento. Los resultados y conclusiones obtenidos "serán sometidos a mecanismos democráticos vinculantes de participación ciudadana, que guíen las futuras decisiones del gobierno municipal sobre la materia".
La auditoría que pone en marcha el gobierno municipal de Madrid será de tipo integral. Más allá de los aspectos legales, ya controlados por la Intervención General, incluirá análisis del impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental de las actividades municipales investigadas.
Desarrollo
El desarrollo técnico de la Auditoría corresponderá a la recién creada subdirección general de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas, dependiente del Área de Economía y Hacienda.La práctica totalidad del equipo técnico está integrado por funcionarios municipales, ya en plantilla. Colaboraciones puntuales de expertos e instituciones académicas o de investigación de reconocido prestigio complementarán este trabajo profesional.
El Ayuntamiento someterá a consulta popular vinculante todos sus contratos
Sánchez Mato distinguió entre contratos "legales" y "legítimos", y se mostró decidido a "que la gente decida si un contrato es lesivo o no", aunque no incumpla la ley. Para ello, se ofrecerán herramientas de información, porque la consulta, dijo, "será vinculante".El propósito, aseguró Mato, no es sólo fiscalizar a los gobiernos del PP, sino mantener la transparencia en el presente y el futuro, e "ir más allá de los aspectos legales que ya audita la Intervención General", para analizar su impacto en las políticas públicas.
Una vez conocidos los resultados, se establecerán mecanismos democráticos para ver qué se hace" con los contratos, tanto los de alquileres de edificios públicos, como los financieros o los de externalización de gestión de servicios como la limpieza. Los trabajos se extenderán durante muchos meses, pero se irán divulgando datos a medida que se analicen.
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