Jorge Fernández Díaz
Con ETA en tregua definitiva, cuando el hoy cabeza de lista del PP por
Barcelona a las elecciones de este domingo asumió a finales de 2011 el cargo, el ministerio se presentaba casi como una 'perita en dulce' desde el que dar un impulso a su carrera política, siempre a la sombra de su amistad con
Mariano Rajoy. Cuatro años y medio después, ha tenido que hacer frente a varios escándalos relacionados con su mandato, entre ellos la
concesión de una medalla policial a la
Virgen del Amor o el gasto de más de un millón de euros en levantar una casa cuartel de la Guardia Civil en el pueblo navarro que vive su madre y veranea él, sin olvidar su cuestionada decisión de
recibir en su despacho oficial a un
Rodrigo Rato ya imputado por el oscuro origen de su fortuna.
Fernández Díaz ha salido en todo momento en defensa del comisario José Villarejo, incluso cuando éste sacó a la luz las grabaciones de Ignacio González
Sin embargo, han sido las grabaciones de sus conversaciones con el jefe de la
Oficina Antifraude de Cataluña,
Daniel de Alfonso, lo que más quebradero de cabeza le han creado. En primer lugar, por su contenido, en el que se apuntaba a la supuesta 'fabricación' de causas contra rivales políticos, pero también por el lugar donde se produjo: su despacho en la sede del Ministerio. A las peticiones de dimisión, él ha respondido con una negativa sabiendo que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. Un apoyo similar al que él ha dado en los últimos meses a uno de los comisarios puesto en cuestión: el polémico
José Manuel Villarejo, un alto mando policial que ha dado muestras de 'ir por libre' y que pese a que difundió otra polémica grabación, la que forzó la salida de la política del también 'popular'
Ignacio González, ha sido respaldado públicamente por él. De hecho, en el seno de la Policía muchos señalan al ministro como el culpable último de que el enfrentamiento entre policías haya llegado a su actual situación de aparente descontrol y 'ventiladores' en marcha. En privado, él asegura que no repetiría bajo ningún concepto como
ministro del Interior, y sigue suspirando, si gana el PP, con la embajada en el Vaticano.
Ignacio Cosidó
El director general de la Policía llegó al cargo tras haber sido durante las dos Legislaturas anteriores el
portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso. Eso sí, su nombramiento sorprendió porque durante el Gobierno de
José María Aznar había sido jefe de Gabinete del entonces máximo responsable de la Guardia Civil,
Santiago López Valdivieso, y todo el mundo apostaba por él para ponerse al frente del Instituto armado. No fue así y acabó dirigiendo la Policía... o, al menos, intentándolo.
Señalado como un hombre cercano a la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, los hechos han corroborado que Fernández Díaz nunca confió en él ni lo quería para el puesto. De hecho, durante todos estos años ha sido un simple espectador de esta 'guerra de comisarios' en la que ha tenido
poca voz y ningún voto. Los ceses que ha firmado los ha hecho casi siempre por orden del ministro. Uno de los damnificados, el que fuera comisario general de Policía Judicial,
José Enrique Rodríguez Ulla, dejó claro en su declaración como testigo ante la juez del 'caso Ático' el escaso peso del político castellano leonés por cómo le comunicó que le relevaba del puesto precisamente por haber iniciado una investigación sobre el inmueble de Ignacio González: "Yo entendí que de alguna manera
no era decisión suya".
Cosidó tampoco ha sabido 'lidiar' con el comisario Villarejo, al que abrió un expediente informativo cuando salió a la luz la trama empresarial que poseía, pero que cerró rápidamente. Aunque nunca ha salido de su boca una frase de apoyo al mismo, como sí había hecho Fernández Díaz, en privado ha reconocido que prefería esperar a que el polémico policía se jubilara -lo hizo hace un par de semanas- para quitarse de en medio un problema que no sabía cómo afrontar. De hecho, su silencio estas últimas semanas ha sido sepulcral, aunque lo tendrá que romper el próximo lunes cuando acuda a declarar ante el juez
Arturo Zamarriego, instructor del 'caso Nicolay',
para ser interrogado como testigo.
Eugenio Pino
Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía hasta el pasado jueves, cuando se jubiló al cumplir los
65 años, este comisario ha sido el verdadero hombre de confianza de Jorge Fernández Díaz dentro de la Policía. De hecho, el ministro y él han mantenido en estos cuatro años y medio una línea directa que le permitía
'puentear' a Cosidó. Bien relacionado con el PP desde la época de los Gobierno de Aznar, cuando estuvo al frente de las
Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) es señalado como la persona que inspiró la creación en mayo de 2012 de la
Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación el grupo policial cuyas funciones son un genérico "captación, recepción, tratamiento y análisis de la información" que levantaron sospechas desde el principio.
El nombre de Villarejo aparece relacionado con los casos del ático de González, del 'Pequeño Nicolás' y de la dermatóloga Elisa Pinto. Sólo está imputado en el segundo
De hecho, diversas fuentes policiales señalan a integrantes del mismo como supuestos autores de los polémicos
informes apócrifos que detallaban supuestas corruptelas de políticos que han circulado por determinadas redacciones. Sin embargo, sus problema más reciente ha venido de la mano del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el también comisario
Marcelino Martín-Blas. En un informe incorporado recientemente al 'caso Nicolay', este último ha acusado al DAO de estar en "connivencia" con el comisario José Villarejo "con el único interés de proteger a este comisario policial
dándole cobertura institucional en sus actuaciones, varias de ellas
ilícitas e irregulares”. Cuando declaró como testigo ante el juez que instruye el caso, Eugenio Pino se presentó como un 'mediador' entre ambos mandos policiales que había intentado sin éxito cortar sus disputas. El magistrado estudia si, como le pedía en su documento el ex responsable de Asuntos Internos, le llama a declarar como investigado (antes, imputado). Atrás quedan otras polémicas en torno a su figura que han levantado ampollas en el colectivo que ha dirigido con 'mano de hierro', entre ellas la inclusión de determinados elementos
'militarizadores' en la institución, como las nuevas divisas y algunos actos protocolarios de marcado aire castrense.
José Manuel Villarejo
Policía y empresario a partes iguales, a la vista del entramado societario que posee, es uno de esos agentes que han sabido 'mantenerse' arriba pese a los cambios de signo de los gobiernos y los correspondientes vaivenes de la cúpula de la institución. Sobre el papel, dependía directamente de la
Dirección Adjunta Operativa (DAO), del comisario Eugenio Pino, pero en la práctica ha demostrado que nadie le controlaba. Su afición por grabar a todos y elaborar
"notas informativas" de todo le han convertido en
uno de los principales protagonistas del sumario del 'caso Ático'. Primero entregó al juez un archivo de audio en el que se escucha al ex presidente madrileño, Ignacio González, pedirle ayuda para 'tapar' el escándalo. Para 'rematar' al político, ha facilitado también un informe en el que relaciona dicha vivienda de lujo en la Costa del Sol con el supuesto cobro de una comisión por el mayor pelotazo urbanístico de
la trama Gürtel.
Uña y carne durante años del también comisario Martín-Blas, la relación de ambos se torció cuando este último incorporó al sumario del
caso Nicolay un informe en el que se le identificaba erróneamente como la persona que acompañaba a Francisco Nicolás en un parque de Madrid. Cruces de 'whatssaps' con
insultos y nuevos informes policiales han terminado con su imputación en la causa, en la que tendrá que declarar el próximo lunes. Tendrá que explicar su estrecha relación con el joven y con diversos periodistas que filtraron una grabación en la que se escuchaba al entonces jefe de Asuntos Internos y
agentes del CNI hablar de esta investigación. Su antiguo amigo Martín-Blas
lo acusaba en su informe de formar parte de una "organización criminal" que pretende dar al traste con las pesquisas sobre el joven estafador. Además, también se ha visto salpicado por el caso de la dermatóloga que acusa al empresario
Javier López Madrid de acosarla sexualmente. En el CNI se la tienen jurada, sobre todo por las noticias que ha lanzado contra el servicio secreto desde el diario digital
Información Sensible, que el policía controla a través de su actual pareja.
Marcelino Martín-Blas
De hombre de máxima confianza de Pino, que le puso al frente de la siempre sensible
Unidad de Asuntos Internos, ha pasado a estar arrumbado en el
Consejo Asesor, un órgano policial convertido en el 'cementerio de elefantes' de altos mandos de la Policía. Eso sí, ha conseguido que el juez Zamarriego le mantenga en
'comisión judicial' al frente de la investigación del 'caso Nicolay' y, sobre todo, de la pieza separada en la que se investiga cómo fue grabada una reunión que mantenían él mismo, otros dos policías y una pareja de agentes del CNI. Su último informe, en el que pedía la imputación del que fuera su amigo, el comisario Villarejo, su superior, el comisario Pino, y otros dos agentes, además de
varios periodistas, le ha granjeado numerosas enemistades dentro del Cuerpo... y no sólo de los señalados en el informe.
El ahora defenestrado jefe de Asuntos Internos, Martín Blás, fue uno de los dos mandos policiales que intentó convencer a Anticorrupción del registro de la sede de CiU
De hecho, dos sindicatos de Policía pidieron al Ministerio del Interior que se le abriera un
expediente informativo por dicho documento. Algunas fuentes apuntan que el Ministerio del Interior ya se ha dirigido al juez del caso para solicitarle autorización para hacerlo. Enfrentado ahora con el equipo que rodea al DAO, sin embargo fue uno de sus integrantes hasta hace poco. De hecho, él fue uno de los dos mandos policiales -el otro fue el comisario
José Luis Olivera- que se desplazó a Barcelona para mantener una reunión con dos fiscales Anticorrupción con el único fin de plantearles la necesidad de
registrar la sede de CiU. Para respaldar su petición, ambos mandos policiales llevaban uno de esos informes 'no oficiales' que ha circulado en los últimos años.
Fue condecorado por ello. Ahora, sin embargo, ha caído en desgracia por su actuación en el caso Nicolay y, sobre todo, por el enfrentamiento que provocó con su compañero Villarejo. El ministro se vio obligado a apostar por uno y eligió a este segundo. En su derrota, aún se revuelve e, incluso, planteó su
candidatura para relevar a comisario Pino ahora que se ha jubilado.
José Luis Olivera
Uno de esos policías 'supervivientes' a los cambio de Gobierno. De hecho, su carrera ha sido meteórica en esta Legislatura y se consideraba seguro que iba a ser la persona que se pusiera al frente de la
Dirección Adjunta Operativa de la Policía tras la jubilación de Pino. El escándalo de las grabaciones en el despacho del ministro han obligado a posponerlo. No obstante, su puesto actual es de peso, muy cercano al propio Jorge Fernández Díaz y, sobre todo, al número 2 de éste, el secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. Es el director del
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un órgano creado esta legislatura para aglutinar otros dos anteriores y que se ha convertido en la pieza clave para hacer frente a la amenaza
yihadista.
Olivera era el segundo policía que se entrevistó con los fiscales de Barcelona para pedir el registro de la sede de CIU. Un episodio que no sólo no les puso en aprietos, sino que incluso le llevó a ser condecorado con
una cruz policial con distintivo rojo (es decir, pensionada) meses después. Su nombre está ligado, además, al
'caso Gürtel', ya que él estaba al frente de la UDEF cuando se realizaron las detenciones que destaparon la trama de corrupción que salpicó y aún salpica tan directamente al PP. El propio juez que instruyó la causa en sus inicios,
Baltasar Garzón, siempre ha reconocido la importante labor que hizo este comisario para que todo fuera un éxito. Incluso, lo llevó a declarar como testigo en la causa que el Tribunal Supremo abrió contra el magistrado y que le terminó costando su puesto en la judicatura. Nadie duda en el Cuerpo que si hay cambio de Gobierno tras el 26J, él seguirá teniendo puestos de responsabilidad.
Enrique García Castaño
Algo similar ocurre con este comisario, máximo responsable de la llamada
Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las piezas claves de la Comisaría General de Información, encargada de la lucha antiterrorista. Los cambios en el Ministerio no le han movido de su puesto, en el que lleva desde los ejecutivos de Aznar. Sin embargo, su nombre ha empezado a ser habitual en las crónicas judiciales de los medios ya que en los últimos meses ha tenido que acudir
en dos ocasiones a declarar como testigo en otros tantos casos conocidos: el del ático de Ignacio González y el del Pequeño Nicolás. Todo ello, precisamente, por su estrecha relación con su colega Villarejo.
El primer comisario que se atrevió a investigar al comisario Villarejo fue defenestrado de su puesto y enviado a una comisaría más conflictiva
En el primer caso, él estuvo presente el día que este último
grabó al expresidente madrileño. De hecho, se oye nítidamente su voz mientras comenta con el otro policía el temor que había puesto de manifiesto el político. En el segundo, porque el informe del ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos le señalaba también como participante en algunas reuniones en la
Dirección General de la Policía en las que se abordó el rumbo que estaba tomando la investigación sobre las andanzas del presunto estafador y que ya apuntaba hacia Villarejo. De hecho, sus teléfonos móviles fueron rastreados por el equipo del comisario Martín-Blas para determinar su grado de participación en este último en el caso. En sus declaraciones judiciales, García Castaño ha sabido
nadar y guardar la ropa.
Jaime Barrado
Defenestrado dos veces desde la llegada del PP al poder, este comisario es el primero que se atrevió a investigar a su compañero Villarejo. Desde su puesto de responsable de la
comisaría de Chamartín, en Madrid, este mando policial fue quien organizó el reconocimiento fotográfico que llevo a la dermatóloga
Elisa Pinto, que acusa a López Madrid de acosarla, a identificar al polémico comisario como la persona que presuntamente la apuñaló. Poco después, Interior le abría un
expediente y le trasladaba a otra comisaría de la capital, la de
Carabanchel, mucho más conflictiva. No fue la única medida contra él.
Le abrió un segundo por un supuesto incidente con el abogado de un narcotraficante en su despacho en el que algunos han querido ver la mano de Villarejo. Sin embargo, sus problemas con la cúpula de Interior son muy anteriores. Se remontan, de hecho, a
2012, cuando la Unidad de Asuntos Internos que entonces ya dirigía Martín-Blas le investigó por su actuación en
el llamado 'caso Interligare', una investigación sobre supuestas corruptelas en el Ministerio del Interior en la época del socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba que después de dar tumbos por varios juzgados terminó siendo archivada. Entonces ocupaba el cargo de jefe de la
Brigada de Delincuencia Económica, del que fue cesado. Se le acusó de amenazar a Ignacio Cosidó con tirar de la manta si no era restituido en su puesto.
José Ángel Fuentes Gago
Es el único de todos los agentes señalados por los diferentes escándalos que no es comisario. Su categoría es la de
inspector jefe, aunque algunas fuentes policiales señalan que su poder real va mucho más allá. Antiguo miembro de la lucha antiterrorista en el País Vasco, durante años fue presidente del
Sindicato Profesional de Policía (SPP, que engloba a miembros de la escala ejecutiva y superior). Sin embargo, tras llegar el PP al poder pasó a ocupar el puesto de
jefe de gabinete del comisario Pino, del que ha sido su mano derecha y hombre de máxima confianza.
Hace un año, consiguió
uno de los puestos más deseados por los policías por la retribución económica que conlleva, el de agregado en
una embajada de España en Europa. En su caso, en Holanda. Además, a finales de 2015 recibió una medalla policial con distintivo rojo, lo que le ha supuesto una subida vitalicia de su sueldo del
10 por ciento. Las grabaciones ahora conocidas del ministro con el jefe de la Oficina antifraude de Cataluña han revelado su trato directo con el propio Jorge Fernández Díaz y, sobre todo, su activa participación para mantener a ambos interlocutores en contacto. También él fue el encargado de elaborar el
expediente sobre las actividades empresariales del comisario Villarejo después de que saliera a la luz su entramado societario. La conclusión del mismo exculpaba de cualquier irregularidad al polémico mando policial.
