Las imágenes reflejan los momentos posteriores al atentado contra la base de Qala-i-Naw en el que murieron un capitán y un alférez de la Guardia Civil, además de un intérprete
El Tribunal Militar Territorial Primero ha impuesto un año y medio de cárcel al excabo del Ejército del Aire L. J. C. G. como autor de un delito de revelación de secretos por la filtración de un vídeo. Las imágenes reflejan los momentos posteriores al atentado contra la base de Qala-i-Naw (Afganistán) en el que murieron un capitán y un alférez de la Guardia Civil y un intérprete. Ocurrió el 25 de agosto de 2010 y fue difundido por la cadena de televisión Antena 3.
En la misma sentencia han sido absueltos otros dos militares, el sargento 1º del Ejército de Tierra J. A. C. G., hermano del condenado, y el sargento del Ejército de Tierra R. A. de L., quienes habrían facilitado al cabo parte del material difundido por la cadena en septiembre de 2010.
En el vídeo, grabado por las cámaras de seguridad del acuartelamiento, se observa cómo el autor del atentado intenta huir tras haber disparado contra los agentes españoles. Un grupo de hombres armados sale en su persecución y lo abate en la calle. Luego, arrastran su cuerpo hacia el interior de la base, mientras parte el vehículo que traslada a las víctimas del ataque. El autor del atentado era un talibán infiltrado como chófer del jefe de la policía local, a cuyos miembros daban instrucción los guardias civiles españoles. Tras el atentado, se produjeron momentos de gran tensión, pues una muchedumbre se congregó ante la base contra la que lanzó piedras y cócteles molotov.
El tribunal considera probado que el cabo, en Afganistán desde junio de 2010, se hizo con las imágenes de las cámaras de seguridad y con las tomadas por los miniaviones no tripulados Raven, que se enviaron a la zona para controlar los tumultos posteriores al atentado, así como con secuencias de combates grabadas a título particular por miembros del contingente. También da por hecho que, a su regreso a España, se reunió con un reportero de Interviú, a quien mostró parte del material, y posteriormente con periodistas de Antena 3.
Tampoco se ha podido probar que el cabo cobrase por filtrar las imágenes a la cadena de televisión, ya que este sostuvo que si se reunió con los periodistas fue para expresar su indignación porque no se le permitiera auxiliar a sus compañeros tras el atentado.
En consecuencia, le condena por un delito de revelación de secretos —por mostrar las imágenes a la prensa— pero no por su difusión en Antena 3, de lo que le acusaba el fiscal, y absuelve a los otros dos militares, al no establecer una relación causa-efecto entre su conducta y la filtración.
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En el vídeo, grabado por las cámaras de seguridad del acuartelamiento, se observa cómo el autor del atentado intenta huir tras haber disparado contra los agentes españoles. Un grupo de hombres armados sale en su persecución y lo abate en la calle. Luego, arrastran su cuerpo hacia el interior de la base, mientras parte el vehículo que traslada a las víctimas del ataque. El autor del atentado era un talibán infiltrado como chófer del jefe de la policía local, a cuyos miembros daban instrucción los guardias civiles españoles. Tras el atentado, se produjeron momentos de gran tensión, pues una muchedumbre se congregó ante la base contra la que lanzó piedras y cócteles molotov.
El tribunal considera probado que el cabo, en Afganistán desde junio de 2010, se hizo con las imágenes de las cámaras de seguridad y con las tomadas por los miniaviones no tripulados Raven, que se enviaron a la zona para controlar los tumultos posteriores al atentado, así como con secuencias de combates grabadas a título particular por miembros del contingente. También da por hecho que, a su regreso a España, se reunió con un reportero de Interviú, a quien mostró parte del material, y posteriormente con periodistas de Antena 3.
Absueltos otros dos
La sentencia asegura que el sargento R. A. de L., responsable del pelotón de seguridad de la base, facilitó al sargento 1º J. A. C. G., hermano del condenado, una copia del vídeo de las cámaras a cambio de las imágenes tomadas por los Raven, por lo que todas acabaron en poder del cabo. Pese a ello, y tras determinar que solo el vídeo posterior al atentado afecta a la defensa nacional, pues evidencia la forma de reaccionar de las tropas en caso de ataque, el tribunal reconoce que no se ha podido probar que las imágenes difundidas por Antena 3 fueran facilitadas por el cabo, pues se hicieron múltiples copias que estuvieron fuera de control.
Tampoco se ha podido probar que el cabo cobrase por filtrar las imágenes a la cadena de televisión, ya que este sostuvo que si se reunió con los periodistas fue para expresar su indignación porque no se le permitiera auxiliar a sus compañeros tras el atentado.
En consecuencia, le condena por un delito de revelación de secretos —por mostrar las imágenes a la prensa— pero no por su difusión en Antena 3, de lo que le acusaba el fiscal, y absuelve a los otros dos militares, al no establecer una relación causa-efecto entre su conducta y la filtración.
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