La entrevista que el periodista mantuvo con el jefe de la Oficina Antifraude ocurrió días antes de que éste viera al ministro.
Ilustración: Efealcuadrado
A Jorge Fernández Díaz le han grabado en su despacho del Ministerio del Interior colocándole en una situación de total impotencia; a Barrionuevo le interceptaron una conversación telefónica hablando de los GAL con Julián Sancristóbal mientras éste estaba en la cárcel de Guadalajara; a Rafael Vera, el número dos del ministerio, le registraron una charla telefónica con Rafael Mendizábal, entonces presidente de la Audiencia Nacional, despotricando de Baltasar Garzón; al director de la Policía, Rodríguez Colorado, lo cazaron por medio de un pinchazo telefónico cuando alertaba a Carlos Goyanes en medio de la operación Nécora contra los clanes gallegos de la droga; a Alfredo Pérez Rubalcaba el caso Faisán le obligó a adoptar medidas extremas de seguridad cuando los polis del chivatazo a ETA le amenazaron con tirar de la manta; al ex director de la Guardia Civil le birlaron y copiaron documentos privados en el interior de su mismísimo despacho del instituto armado, en la calle Vallehermoso de Madrid, que después fueron usados para provocar su caída; y a Ángel Acebes, tras el atentado del 11-M, el 'comando Rubalcaba' le dio la vuelta como a un calcetín en tan sólo 72 horas hasta la jornada electoral del 14 de marzo de 2004.
Y las termitas de Interior no terminan ahí. El biministro Juan Alberto Belloch dio severas instrucciones a sus colaboradores para que Francisco Paesa se abstuviera de pisar la moqueta de su despacho y siempre se negó a tocar con sus dedos cualquier documento de la operación Roldán, incluidos los papeles de Laos; Mayor Oreja exigía con frecuencia a los técnicos policiales a efectuar barridos en los teléfonos de su área de trabajo; el aguerrido Rodríguez Galindo fue grabado en su cuartel general de Intxaurrondo por un agente del CESID, Pedro Gómez Nieto, mientras le hablaba de los GAL y le adelantaba cómo pensaban eliminar a los etarras en el sur de Francia; Antoni Asunción sufrió un espionaje intramuros tras ordenar una investigación sobre el uso irregular de los fondos reservados y, después además, como venganza, fue engañado durante la tocata y fuga de Roldán.
Corcuera también extremó las medidas de seguridad desde que, en marzo de 1990, recibiera a su nombre un paquete bomba en el Congreso de los Diputados, que pudo ser desactivado por los artificieros policiales; el magistrado José Antonio Alonso, el responsable de la seguridad durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenía pavor a quienes él denominaba "policías del PP" desde que un comisario le recriminó en un acto oficial que, gracias a esos funcionarios, él ocupaba su despacho porque ellos habían dado con la pista yihadista antes de las elecciones del 14-M. Y así, una tras otra, un sinfín de suspicacias y prevenciones que les tocó vivir a los quince ministros que han ocupado la cartera de Interior desde 1977.
El último en vivir una experiencia de tal flaqueza y soportar la vulneración de uno de los espacios más fortificados del Estado, ha sido el popular Jorge Fernández Díaz. La paz interna en el edificio de Castellana 5, el antiguo palacio de los Condes de Casa Valencia (1878) y sede del ministerio desde 1977, se vio alterada en octubre de hace dos años cuando alguien de dentro se atrevió a grabar una reunión secreta entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
En ese encuentro, ambos mandatarios se ponían de acuerdo para seguir investigando sin tapujos a dirigentes políticos catalanes, implicados supuestamente en casos de corrupción de los cuales, algunos de ellos, eran piezas claves en el proceso independentista. Y lo más grave: veinte meses después la conversación era reproducida en un diario digital en la recta final de la campaña electoral. Las campanas del ministerio sonaron a rebato como cuando, en febrero de 1988, se produjo un incendio en la secretaría del ministro con la pérdida de cuatro valiosos cuadros, cedidos por el Museo del Prado.
¿Quién se había atrevido a grabar al número uno del Ministerio? ¿Qué medios utilizó para lograr una grabación con tanta nitidez? ¿Cómo pudo materializar la operación sin que antes saltaran las alarmas? ¿Quién era el topo que había tenido la osadía de filtrar la cinta a un medio de comunicación? Son algunas de las preguntas que se repite, una y otra vez, la cúpula ministerial, que se esfuerza por salvar al soldado Fernández Díaz.
Como si se tratara de una premonición, la sala de reuniones del ministro -ver fotografía adjunta- está presidida por un cuadro de Eduardo Dato, que fue ministro de la Gobernación entre 1899 y 1900. El mismo Dato que, años después, cuando dirigía el Consejo de Ministros, intentó abortar el desafío secesionista de Francesc Cambó y ordenó al ejército sofocar la huelga general de 1917, en Barcelona. El rey Alfonso XIII lo sustituyó por Manuel García Prieto al frente de un gobierno de concentración nacional en el que también participó Cambó. En 1921, Dato fue asesinado por unos anarquistas en la Puerta de Alcalá de Madrid.
Paradójicamente, años después la historia se repetía y el independentismo catalán colocaba a un ministro del Interior a los pies de los caballos. Fernández Díaz se veía salpicado por un escándalo de incalculables proporciones, acusado de espionaje político por los grupos catalanes y de la oposición. Una reunión que había sido concertada para establecer una coordinación en las investigaciones de los casos de corrupción en Cataluña se convertía en un laberinto político. La gestión policial en el seno de Interior alcanzaba tal nivel de incompetencia que había que retrotraerse para encontrar algo similar a la época de Ángel Olivares y el capitán Khan o de Víctor García Hidalgo y el caso Faisán.
Y la realidad es que el encuentro con el jefe de la OAC no había sido gestionada por el gabinete del ministro, sino por el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el comisario principal Eugenio Pino, que depende directamente de Ignacio Cosidó. El número dos de la Policía, desde hacía meses, había desplegado en Barcelona una treintena de agentes, coordinados por el inspector jefe E.R, y bajo las órdenes del comisario Marcelino Martín de Blas, máximo responsable de la brigada de Asuntos Internos de la Policía. Su cometido era investigar la corrupción política y económica en Cataluña. No suponía nada relevante, pues ya antes, agentes de ese mismo grupo habían investigado a imputados de la Gürtel y efectuado seguimientos al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia colaboraba en el operativo, bajo las órdenes del comisario José Villarejo, en tareas de captación de testigos y arrepentidos.
El trabajo de ambos grupos se dejó notar en casos como la corrupción de la familia Pujol y la evasión de dinero a Andorra, que también eran examinados por la lupa de Oficina Antifraude de Cataluña.
Y fue, en medio de todo ese proceso, cuando surgió en octubre de 2014 la entrevista en Madrid entre el ministro y el magistrado Daniel de Alfonso, jefe de la OAC.
Unos días antes, el 30 de septiembre del mismo año, tuve la oportunidad de mantener una larga entrevista con Daniel de Alfonso, para hablar de la corrupción de la familia Pujol y de otros altos cargos de Convergencia i Unió. El encuentro fue grabado con el permiso de mi interlocutor en la sede de Barcelona de la OAC. En esas fechas, el jefe de Antifraude estaba metido de lleno en las investigaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola, a raíz de las denuncias de su novia Victoria Álvarez y así me lo hizo ver. Por todo ello, De Alfonso se había entrevistado en la Audiencia Nacional con el juez Pablo Ruz y en la Fiscalía Anticorrupción, con la teniente fiscal de ese organismo.
"Lo que sí puedo decir es que el juez Ruz con muy buen criterio nos citó en su despacho. Nos escuchó, tuvimos una reunión, le expusimos los hechos, lo que habíamos averiguado, llegamos a un acuerdo, que me permitirá que no desvele, pero un acuerdo de una estrategia procesal... Decidimos, en lugar de iniciar el proceso en la Audiencia Nacional, ir a la Fiscalía Anticorrupción. Allí nos recibió la teniente fiscal Belén Suárez y le expusimos todo. Le dimos todos los documentos. Nos pusimos a su disposición".
Por tanto, no tenía nada de extraordinario que también se viera con el ministro del Interior y hablara de la corrupción en Cataluña. Parte del contenido de mi encuentro con el responsable de la OAC, curiosamente, coincide con los argumentos esgrimidos por él ante el ministro del Interior, el juez Ruz y la teniente fiscal Belén Suárez.
Durante nuestra entrevista hablamos de las presiones que su oficina estaba recibiendo de altos cargos de la Generalitat, que habían recibido con inquietud el contenido del informe de la UDEF sobre la corrupción en Cataluña, y la colaboración de Victoria Álvarez y Javier de la Rosa en las pesquisas policiales. Daniel de Alfonso me confesó que no estaba dispuesto a consentir ninguna presión de los políticos nacionalistas o independentistas en los 800 casos que su Oficina investigaba. Uno de ellos era un expediente que afectaba al hermano del presidente de ERC, Oriol Junqueras, el conocido como caso Manga, un asunto relacionado con una operación de tráfico de influencias.
"Antifraude -me dijo- tiende a evitar las presiones. Primero porque el director de la Oficina, o sea yo, continúo en servicios especiales, es decir que sigo perteneciendo a la carrera judicial y el día en que abandone esta silla me iría a la silla que me corresponde desde hace 26 años en la Audiencia Provincial. Y segundo, el nombramiento se hace cada 9 años, lo que nos asegura dos legislaturas y media, de manera que nadie puede decir... ya veremos... Usted puede ser que siga o no".
Ahora, tras el escándalo de las escuchas, magnificado por el Parlamento catalán, el futuro del responsable de la OAC ha quedado visto para sentencia.
Si descartamos a los dos intervinientes en el encuentro, que parece lo más probable, pues no tiene sentido que ambos caigan en un síndrome de autoflagelación, sólo queda la opción de algún colaborador muy próximo al ministro, que tuviera fácil acceso a su despacho. Emilio Alonso Manglano, el que fuera director del CESID durante quince años, disponía en sus dependencias de un dispositivo subrepticio para grabar las reuniones con sus interlocutores y también las llamadas telefónicas. Sólo tenían que accionar un botón para registrar las conversaciones con las visitas que sólo él seleccionaba, quedando las cintas precintadas en una caja fuerte bajo su control. El director del espionaje español así mismo ordenaba a sus técnicos que efectuaran a menudo barridos en las líneas telefónicas y en el interior de su despacho.
El departamento del ministro del Interior carece de ese sistema de autograbación, por lo que el encuentro tuvo que ser registrado por otra persona, con una ayuda exterior y sin conocimiento del titular de la cartera. Así insiste un experto en inteligencia del Ministerio.
Según las fuentes consultadas, la grabación pudo materializarse por algún funcionario policial con la única finalidad de conocer los comentarios de De Alfonso para su posterior valoración y análisis. "Está claro que el ministro no iba a tomar notas ni tampoco era aconsejable informarle de la grabación porque se podía encontrar incómodo y además, con toda seguridad, se habría opuesto".
Las mismas fuentes convienen en que era una grabación para uso interno y no para ser reproducida en un medio de comunicación: "El error ha sido no haber destruido las cintas para impedir que alguien las usara con fines espurios".
En Interior están convencidos de que en unos días habrán descubierto al topo de la filtración de las cintas. Señalan a un comisario despechado que ya tiene antecedentes en otros casos. Aseguran que la cúpula policial conocía desde hacía un mes que la cinta estaba siendo utilizada como moneda de cambio en una operación de chantaje por parte de un policía que había caído en desgracia. Las investigaciones señalan al mismo funcionario policial como el filtrador de la cinta, motivado por sus enfrentamientos internos con la cúpula de Interior, a la que acusa de haberse posicionado con el comisario Villarejo. Todas las miradas se dirigen hacia la unidad de Asuntos Internos, que hasta hace unas semanas estaba dirigida por Martín de Blas, que fue apartado de su cargo por sus negligencias en el caso del Pequeño Nicolás.
No es la primera vez que alguien del interior de la Policía filtra una cinta de uso restringido. Ya sucedió con otra grabación entre el comisario Villarejo y el empresario catalán, Javier de la Rosa, que fue filtrada al mismo diario donde se ha reproducido la conversación del ministro con el jefe de la OAC. En Interior están convencidos de que el topo filtrador es la misma persona.
Así mismo, los técnicos investigan si algún compañero de las conocidas como cloacas policiales pudiera haber grabado la visita de Rodrigo Rato al despacho del ministro el 29 de julio de 2015. El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía había declarado unos días antes como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Bankia. Ahora las mismas fuentes policiales se preguntan: "¿Habrán puesto en circulación una cinta con esa conversación?".
Y las termitas de Interior no terminan ahí. El biministro Juan Alberto Belloch dio severas instrucciones a sus colaboradores para que Francisco Paesa se abstuviera de pisar la moqueta de su despacho y siempre se negó a tocar con sus dedos cualquier documento de la operación Roldán, incluidos los papeles de Laos; Mayor Oreja exigía con frecuencia a los técnicos policiales a efectuar barridos en los teléfonos de su área de trabajo; el aguerrido Rodríguez Galindo fue grabado en su cuartel general de Intxaurrondo por un agente del CESID, Pedro Gómez Nieto, mientras le hablaba de los GAL y le adelantaba cómo pensaban eliminar a los etarras en el sur de Francia; Antoni Asunción sufrió un espionaje intramuros tras ordenar una investigación sobre el uso irregular de los fondos reservados y, después además, como venganza, fue engañado durante la tocata y fuga de Roldán.
Corcuera también extremó las medidas de seguridad desde que, en marzo de 1990, recibiera a su nombre un paquete bomba en el Congreso de los Diputados, que pudo ser desactivado por los artificieros policiales; el magistrado José Antonio Alonso, el responsable de la seguridad durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenía pavor a quienes él denominaba "policías del PP" desde que un comisario le recriminó en un acto oficial que, gracias a esos funcionarios, él ocupaba su despacho porque ellos habían dado con la pista yihadista antes de las elecciones del 14-M. Y así, una tras otra, un sinfín de suspicacias y prevenciones que les tocó vivir a los quince ministros que han ocupado la cartera de Interior desde 1977.
Jorge Fernández Díaz en su despacho. Al fondo, un retrato de Eduardo Dato, ministro de la Gobernación durante la regencia de María Cristina.
Los fantasmas del pasado
Los fantasmas del pasado no han abandonado los altos techos de la sede del Ministerio en el madrileño paseo de la Castellana. La mayoría de los ministros del Interior creía sentirse protegido y seguro en su despacho ministerial, en teoría el lugar más blindado, el sancta sanctorum, de en teoría la cartera más poderosa del Gobierno. Pero en muchos de los casos, pronto se percataron de que aquellas paredes se parecían más a un queso gruyère que a un búnker.El último en vivir una experiencia de tal flaqueza y soportar la vulneración de uno de los espacios más fortificados del Estado, ha sido el popular Jorge Fernández Díaz. La paz interna en el edificio de Castellana 5, el antiguo palacio de los Condes de Casa Valencia (1878) y sede del ministerio desde 1977, se vio alterada en octubre de hace dos años cuando alguien de dentro se atrevió a grabar una reunión secreta entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
En ese encuentro, ambos mandatarios se ponían de acuerdo para seguir investigando sin tapujos a dirigentes políticos catalanes, implicados supuestamente en casos de corrupción de los cuales, algunos de ellos, eran piezas claves en el proceso independentista. Y lo más grave: veinte meses después la conversación era reproducida en un diario digital en la recta final de la campaña electoral. Las campanas del ministerio sonaron a rebato como cuando, en febrero de 1988, se produjo un incendio en la secretaría del ministro con la pérdida de cuatro valiosos cuadros, cedidos por el Museo del Prado.
Fachada del edificio del Ministerio del Interior. Efe
Como si se tratara de una premonición, la sala de reuniones del ministro -ver fotografía adjunta- está presidida por un cuadro de Eduardo Dato, que fue ministro de la Gobernación entre 1899 y 1900. El mismo Dato que, años después, cuando dirigía el Consejo de Ministros, intentó abortar el desafío secesionista de Francesc Cambó y ordenó al ejército sofocar la huelga general de 1917, en Barcelona. El rey Alfonso XIII lo sustituyó por Manuel García Prieto al frente de un gobierno de concentración nacional en el que también participó Cambó. En 1921, Dato fue asesinado por unos anarquistas en la Puerta de Alcalá de Madrid.
Paradójicamente, años después la historia se repetía y el independentismo catalán colocaba a un ministro del Interior a los pies de los caballos. Fernández Díaz se veía salpicado por un escándalo de incalculables proporciones, acusado de espionaje político por los grupos catalanes y de la oposición. Una reunión que había sido concertada para establecer una coordinación en las investigaciones de los casos de corrupción en Cataluña se convertía en un laberinto político. La gestión policial en el seno de Interior alcanzaba tal nivel de incompetencia que había que retrotraerse para encontrar algo similar a la época de Ángel Olivares y el capitán Khan o de Víctor García Hidalgo y el caso Faisán.
Y la realidad es que el encuentro con el jefe de la OAC no había sido gestionada por el gabinete del ministro, sino por el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el comisario principal Eugenio Pino, que depende directamente de Ignacio Cosidó. El número dos de la Policía, desde hacía meses, había desplegado en Barcelona una treintena de agentes, coordinados por el inspector jefe E.R, y bajo las órdenes del comisario Marcelino Martín de Blas, máximo responsable de la brigada de Asuntos Internos de la Policía. Su cometido era investigar la corrupción política y económica en Cataluña. No suponía nada relevante, pues ya antes, agentes de ese mismo grupo habían investigado a imputados de la Gürtel y efectuado seguimientos al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia colaboraba en el operativo, bajo las órdenes del comisario José Villarejo, en tareas de captación de testigos y arrepentidos.
El trabajo de ambos grupos se dejó notar en casos como la corrupción de la familia Pujol y la evasión de dinero a Andorra, que también eran examinados por la lupa de Oficina Antifraude de Cataluña.
Y fue, en medio de todo ese proceso, cuando surgió en octubre de 2014 la entrevista en Madrid entre el ministro y el magistrado Daniel de Alfonso, jefe de la OAC.
Unos días antes, el 30 de septiembre del mismo año, tuve la oportunidad de mantener una larga entrevista con Daniel de Alfonso, para hablar de la corrupción de la familia Pujol y de otros altos cargos de Convergencia i Unió. El encuentro fue grabado con el permiso de mi interlocutor en la sede de Barcelona de la OAC. En esas fechas, el jefe de Antifraude estaba metido de lleno en las investigaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola, a raíz de las denuncias de su novia Victoria Álvarez y así me lo hizo ver. Por todo ello, De Alfonso se había entrevistado en la Audiencia Nacional con el juez Pablo Ruz y en la Fiscalía Anticorrupción, con la teniente fiscal de ese organismo.
"Lo que sí puedo decir es que el juez Ruz con muy buen criterio nos citó en su despacho. Nos escuchó, tuvimos una reunión, le expusimos los hechos, lo que habíamos averiguado, llegamos a un acuerdo, que me permitirá que no desvele, pero un acuerdo de una estrategia procesal... Decidimos, en lugar de iniciar el proceso en la Audiencia Nacional, ir a la Fiscalía Anticorrupción. Allí nos recibió la teniente fiscal Belén Suárez y le expusimos todo. Le dimos todos los documentos. Nos pusimos a su disposición".
Por tanto, no tenía nada de extraordinario que también se viera con el ministro del Interior y hablara de la corrupción en Cataluña. Parte del contenido de mi encuentro con el responsable de la OAC, curiosamente, coincide con los argumentos esgrimidos por él ante el ministro del Interior, el juez Ruz y la teniente fiscal Belén Suárez.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, durante su comparecencia hoy en el Parlament Quique García Efe
"Antifraude -me dijo- tiende a evitar las presiones. Primero porque el director de la Oficina, o sea yo, continúo en servicios especiales, es decir que sigo perteneciendo a la carrera judicial y el día en que abandone esta silla me iría a la silla que me corresponde desde hace 26 años en la Audiencia Provincial. Y segundo, el nombramiento se hace cada 9 años, lo que nos asegura dos legislaturas y media, de manera que nadie puede decir... ya veremos... Usted puede ser que siga o no".
Ahora, tras el escándalo de las escuchas, magnificado por el Parlamento catalán, el futuro del responsable de la OAC ha quedado visto para sentencia.
Preguntas que necesitan respuestas
¿Pero quién y por qué grabó la reunión entre Fernández Díaz y De Alfonso? ¿Quién se atrevió a dinamitar el búnker del ministro y convertirlo en un queso gruyère?Si descartamos a los dos intervinientes en el encuentro, que parece lo más probable, pues no tiene sentido que ambos caigan en un síndrome de autoflagelación, sólo queda la opción de algún colaborador muy próximo al ministro, que tuviera fácil acceso a su despacho. Emilio Alonso Manglano, el que fuera director del CESID durante quince años, disponía en sus dependencias de un dispositivo subrepticio para grabar las reuniones con sus interlocutores y también las llamadas telefónicas. Sólo tenían que accionar un botón para registrar las conversaciones con las visitas que sólo él seleccionaba, quedando las cintas precintadas en una caja fuerte bajo su control. El director del espionaje español así mismo ordenaba a sus técnicos que efectuaran a menudo barridos en las líneas telefónicas y en el interior de su despacho.
El departamento del ministro del Interior carece de ese sistema de autograbación, por lo que el encuentro tuvo que ser registrado por otra persona, con una ayuda exterior y sin conocimiento del titular de la cartera. Así insiste un experto en inteligencia del Ministerio.
Según las fuentes consultadas, la grabación pudo materializarse por algún funcionario policial con la única finalidad de conocer los comentarios de De Alfonso para su posterior valoración y análisis. "Está claro que el ministro no iba a tomar notas ni tampoco era aconsejable informarle de la grabación porque se podía encontrar incómodo y además, con toda seguridad, se habría opuesto".
Las mismas fuentes convienen en que era una grabación para uso interno y no para ser reproducida en un medio de comunicación: "El error ha sido no haber destruido las cintas para impedir que alguien las usara con fines espurios".
En Interior están convencidos de que en unos días habrán descubierto al topo de la filtración de las cintas. Señalan a un comisario despechado que ya tiene antecedentes en otros casos. Aseguran que la cúpula policial conocía desde hacía un mes que la cinta estaba siendo utilizada como moneda de cambio en una operación de chantaje por parte de un policía que había caído en desgracia. Las investigaciones señalan al mismo funcionario policial como el filtrador de la cinta, motivado por sus enfrentamientos internos con la cúpula de Interior, a la que acusa de haberse posicionado con el comisario Villarejo. Todas las miradas se dirigen hacia la unidad de Asuntos Internos, que hasta hace unas semanas estaba dirigida por Martín de Blas, que fue apartado de su cargo por sus negligencias en el caso del Pequeño Nicolás.
No es la primera vez que alguien del interior de la Policía filtra una cinta de uso restringido. Ya sucedió con otra grabación entre el comisario Villarejo y el empresario catalán, Javier de la Rosa, que fue filtrada al mismo diario donde se ha reproducido la conversación del ministro con el jefe de la OAC. En Interior están convencidos de que el topo filtrador es la misma persona.
Así mismo, los técnicos investigan si algún compañero de las conocidas como cloacas policiales pudiera haber grabado la visita de Rodrigo Rato al despacho del ministro el 29 de julio de 2015. El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía había declarado unos días antes como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Bankia. Ahora las mismas fuentes policiales se preguntan: "¿Habrán puesto en circulación una cinta con esa conversación?".
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