La Policía asegura que la Guardia Civil invadió sus funciones en el caso del secuestro de la corresponsal de 'El Mundo' y generó "descoordinación", algo que el Instituto Armado niega
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Las fricciones entre Policía Nacional y Guardia Civil arreciaron con la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior y, después de una larga lista de encontronazos en estos últimos cuatro años y medio, han terminado llegando a los tribunales justo cuando el PP intenta por segunda vez repetir en el Gobierno. El máximo responsable de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por su presunta “intromisión desleal” en la investigación del secuestro el pasado mayo de la corresponsal de 'El Mundo' en Colombia, Salud Hernández-Mora.
Según la denuncia remitida por la Policía al Ministerio Público, que está acompañada de un informe que lleva la rúbrica del propio comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, la Guardia Civil habría invadido las “competencias territoriales, funcionales y exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía a tenor de los establecido en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, la norma que delimita el cometido de cada uno de los cuerpos y que asigna a la Policía Nacional la “colaboración y prestación de auxilio con policías de otros países”.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Policía asegura que el Instituto Armado intentó apropiarse de la investigación sobre el secuestro cuando sus agentes ya habían sido designados oficialmente para hacerse cargo de las pesquisas y asegura que esa disputa trasladó una grave “imagen de descoordinación” que afectó a la familia de la víctima. La Guardia Civil no sólo niega esa acusación, sino que asegura que en ningún momento invadió las supuestas competencias de la Policía Nacional que en todo caso no ejerce en exclusiva y está convencida de que la denuncia acabará siendo archivada, señalan fuentes del Instituto Armado consultadas por este diario.
Investigaciones solapadas
El origen del episodio se remonta al pasado 21 de mayo, cuando la corresponsal de El Mundo en Colombia fue secuestrada por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de El Tarra, aunque el rapto no trascendió en España hasta la madrugada del 22 al 23 de mayo. Durante la mañana de este último día, según la Policía Nacional, el Director-Embajador de la Unidad de Emergencias Consulares y el Consejero de Interior de la Embajada de España en Bogotá remitieron sendas notas informativas sobre el rapto a la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional para que se hiciera cargo del caso.
Sin embargo, la Policía Nacional relata en su denuncia que, cuando empezaron a ponerse en contacto con familiares y conocidos de la periodista para abrir diligencias, descubrieron que la Guardia Civil ya había hablado con ellos y tenía en marcha sus propias pesquisas, a pesar de que, en ese momento, el procedimiento no había sido judicializado por el Instituto Armado en la Audiencia Nacional ni tampoco lo había dado de alta ante el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el órgano de coordinación al que se comunican todas las investigaciones para evitar solapamientos y disfunciones.
El 25 de mayo, ante la creciente confusión y después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional conociera que la Guardia Civil había remitido supuestamente un escrito a la Embajada en Bogotá en el que se declaraba competente para investigar el secuestro, el Ministerio Público resolvió finalmente que la Policía Nacional se hiciera cargo del caso y los agentes del Instituto Armado remitieran a sus colegas toda la información que habían recopilado hasta ese momento.
La Comisaría General de la Policía Judicial, en la que se encuadra la UDEV, añade en su escrito que la Guardia Civil habría utilizado la referencia de las diligencias de investigación del secuestro de los tres periodistas españoles retenidos nueve meses en Siria para aparentar que era el cuerpo encargado del rapto de Colombia. La denuncia de la Policía acaba concluyendo que los hechos descritos podrían constituir “un ilícito punitivo que afectaría a la investigación ordenada por esa Fiscalía, con efectos nocivos para los objetivos que se perseguían en la misma”. “Es por lo que se pone en su conocimiento a los efectos en justicia oportunos”, finaliza.
La Guardia Civil niega la invasión de competencias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene ahora que pronunciarse, pero la Guardia Civil se ha adelantado a negar las acusaciones de la Policía Nacional. Fuentes del Instituto Armado niegan a este diario que las relaciones con el exterior sean una competencia que ejerce en exclusiva el cuerpo rival y aclaran que así lo ha resuelto en varias ocasiones el Tribunal Supremo. Ponen como ejemplo la presencia de sus efectivos en Francia para la lucha contra ETA desde hace tres décadas.
Asimismo, desde la Guardia Civil explican que contactaron con 'El Mundo' y con los familiares de la periodista en cuanto supieron que había sido secuestrada pero que dejaron el caso en manos de la Policía Nacional cuando la Fiscalía de la Audiencia les comunicó que ese cuerpo era el competente. Aclara, además, que antes de abandonar el procedimiento trasladaron al Ministerio Público todas las manifestaciones que ya habían recogido. También se las remitieron a la policía colombiana y al Consejero de Interior de la Embajada de Bogotá.
Las fuentes preguntadas en el Instituto Armado mantienen que no hay ningún ilícito penal en su actuación y consideran que la mejor fórmula para evitar estos incidentes sería la “creación de equipos conjuntos de Guardia Civil y Policía Nacional en la que todos los agentes aporten a la investigación”, pero señalan que la Policía se niega a adoptar esta solución.
Una legislatura de desencuentros
El secuestro terminó finalmente el 27 de mayo. El ELN liberó a la periodista a unos 70 kilómetros de donde la había capturado. Sólo estuvo seis días en manos del grupo terrorista. Pero los efectos colaterales de ese incidente en las Fuerzas de Seguridad van a prolongarse hasta que se pronuncie la Fiscalía. También tendrá que fijar una posición el Ministerio del Interior, responsable de la coordinación entre cuerpos. Los hechos han sido notificados por la Comisaría de la Policía Judicial a la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo para que dé traslado al departamento de Fernández Díaz.
Durante el mandato del ministro se han producido roces por la presencia de ambos cuerpos en el exterior y en organismos internacionales, una disputa por el control de un paquete sospechoso enviado a la Embajada de Francia en Madrid, enfrentamientos por el liderazgo en operaciones antiterroristas y choques por la gestión del nuevo registro de pasajeros. Fernández Díaz ha sido incapaz de evitar ahora que la última fricción desplace las discrepancias a los tribunales.
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