Publican informaciones de denuncias que fueron archivadas judicialmente como si estuvieran en vigor. Fuentes policiales señalan a un ex representante sindical.
Juan E. Pflüger
Miércoles, 8. Junio 2016 - 18:22
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Cada cierto tiempo, cada vez más a menudo, salta un escándalo que pretende desprestigiar a un grupo de policías nacionales y siempre con los mismos argumentos: ejercicio de la violencia policial desmedida. Y en la mayoría de los casos, casi en todos, años después de un proceso judicial que llega a arruinar la vida de muchos agentes la sentencia les absuelve, lo malo es que muchos quedan por el camino y no se reintegran nunca a una actividad, la de defender el orden, al que llegaron de manera vocacional.
Lo malo es que en muchos de estos casos, sobre todo cuando se hacen mediáticos, las denuncias y acusaciones vienen de fuego amigo, es decir, de disputas entre agentes. Y quien emplea estas artimañas no suele valorar el daño que hace a unos inocentes, y lo que es peor, el daño que causa a una institución, la de la Policía Nacional, blanco actualmente de una ofensiva que proviene de nuevas formaciones políticas que desprecian su trabajo y lo que el mantenimiento del orden significa.
El último caso se vive en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que la Policía Nacional tiene en Benidorm. Allí, según publica la revista Interviú, se estaría viviendo una situación alarmante en la que un grupo de al menos once agentes estaría torturando a los detenidos en la comisaría. Estos once agentes, según la citada publicación, tendrían abiertas varias causas por denuncias de maltrato e, incluso, estarían siendo investigados internamente por la Policía.
Pero, el más somero análisis de la información y el sano ejercicio periodístico de contrastar versiones desmonta lo publicado sin gran esfuerzo. Un esfuerzo que, por cierto, no se han molestado en hacer desde la revista que ha tomado una sola de las versiones por buena. La información ha sido facilitada por un ex representante sindical, Manuel Soler, que durante años representó al Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la comisaría de Benidorm.
Parece que este liberado sindical no tuvo buena acogida entre un grupo de policías que manifestaban su rechazo a la forma en que su sindicato pretendía representar los intereses de los agentes. Y Soler, según confirman fuentes policiales a Gaceta.es, ha esperado a jubilarse para tomarse la revancha de las críticas que algunos agentes vertían de su labor sindical en una página de Facebook denominada “Grupo Siete”.
Las mismas fuentes sindicales desmienten otro extremo que el artículo de Interviú establece como básico: que estos agentes acumulan causas e investigaciones por supuesto abuso y violencia en el ejercicio de su cargo. En total, entre los once agentes señalados, acumulan por estas causas media docena de denuncias e investigaciones. De ellas todas fueron desestimadas en sede judicial al considerarse denuncias falsas o, directamente, régimen interior archivó las investigaciones. Sin embargo, lo publicado no dice nada de este último extremo manteniendo la sospecha entre sus lectores.
En este punto habría que explicar que las UPR son una unidad de intervención que depende de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y que tiene como principal misión la de actuar de manera rápida en situaciones de conflicto, especialmente si son violentas. Estas unidades, junto a la Unidad de Intervención Policial (UIP) –conocidas popularmente como antidisturbios- acumulan denuncias de sus detenidos que suelen alegar maltrato o tortura para intentar aliviar sus penas.
Los once agentes de la UPR señalados en Benidorm, según las fuentes policiales consultadas, acumulan muchas menos denuncias que la media de los policías adscritos a esa unidad en el resto de España. Varios de ellos han sido denunciados recientemente por un portero de discoteca de origen rumano que les acusa de haber sido golpeado innecesariamente. El artículo hace extensiva la denuncia a los once policías, cuando varios de ellos el día de autos no estaban ni de servicio .
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