Al menos una decena de empresas españolas ha exportado ilegalmente material de Defensa y Doble Uso al régimen de los ayatolás
Hay dos condenas en firme por contrabando y varios casos abiertos
Hay un 'holding' que igual vende alfombras persas que cilindros de gas butano
Los iraníes pagan bien. Se ha dado el caso de un pago con coches de lujo
La Policía intervino en la 'operación Nam' nueve helicópteros de combate Bell-212 destinados a Irán Policía Nacional
El elegante Abdul Qadir Khan,padre de la bomba atómica paquistaní, siente una fundada fascinación por el País Vasco y durante algún tiempo lo visitó con frecuencia. En especial, tenía debilidad por las acerías vascas.
En 2003, cuando Libia firmó el Tratado de No Proliferación que acabó con el programa nuclear que él había desarrollado, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hizo llegar a los expertos españoles una alarma advirtiendo de la existencia de determinados materiales en poder de Gadafi que solamente habían podido ser fabricados en España. Las investigaciones dieron con una intermediaria, Comercial Nork, y con dos o tres empresas vascas que habían dedicado su capacidad a cubrir las expectativas del doctor Khan, que se hacían extensivas a países como Irán o Corea del Norte.
Aquellas empresas vascas se reconvirtieron. Pero, desde entonces, al menos una decena de compañías españolas ha continuado con la tradición de exportar material susceptible de ser empleado por Irán en su intento, ahora frustrado, de fabricar su propia bomba atómica. En estos momentos hay dos sentencias por contrabando y varias investigaciones abiertas.
Entramos de este modo en el espinoso mundo de la exportación delictiva del llamado material de Defensa y Doble Uso, es decir de la exportación fraudulenta del material militar, pero también de «aquellos productos y tecnologías de habitual utilización civil que puedan ser aplicados a uso militar», bien convencional o bien «relacionado con el funcionamiento, mantenimiento o propagación de armas químicas, biológicas o nucleares», según la legislación europea.
En realidad, el material de Doble Uso puede adoptar las más diversas formas. No es difícil imaginar lo que un régimen represor puede hacer dotando a sus soldados de unas simples botas de agua de puntera dura. El Estado, en coordinación con los organismos internacionales, ha establecido ocho criterios que determinan si un país es peligroso o no. De modo que, por ejemplo, un producto que en Irlanda podría servir para pintar una inocente valla jamás obtendrá, por sus componentes, el permiso de exportación para China.
Sin embargo, cuando se habla de una alerta sobre el material de doble uso, no se habla de este tipo de elementos sino, sobre todo, de válvulas y máquinas de electroerosión, dos productos en los que España está en la vanguardia. Según los expertos, cuando los iraníes querían buscar bombas de vacío saltándose el embargo al que han estado sometidos hasta la firma del Tratado -el histórico acuerdo de esta semana entre Irán y EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania sobre su programa nuclear-, acudían a Alemania o a Holanda, pero para otro tipo de cosas, la industria pesada española era su objetivo.
Desde 2011 hasta ahora, la Guardia Civil ha contabilizado cinco operaciones con este tipo de material exportado de forma fraudulenta, entre ellas las bautizadas como Piraña, Terracota o Altxatu. La Agencia Tributaria ha realizado otras, entre las que destaca la operación Kakum, y la Policía ha desarrollado investigaciones como las llamadas Puente (ésta con destino a Siria), Alfa, Randy o Alza. Algunas de ellas, las más evidentes -operación Nam-, destaparon la venta de nueve helicópteros a Irán. Otras, el envío por parte de empresas españolas de cañones a la India acompañados de los enormes tornos para construirlos, y las que más revelaron la venta de máquinas específicamente destinadas al desarrollo del programa nuclear iraní.
Se trata de un sector que, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, desde 2003 hasta 2013 ha incrementado el valor de las exportaciones en un 1.020%, si nos atenemos al material de Defensa, y de un 570% si nos referimos al de Doble Uso. Y no están incluidos los tratos ilegales.
La Guardia Civil traslada a uno de los detenidos por contrabando en la operación Terracota.
En estos momentos hay al menos cuatro investigaciones abiertas, otros cuatro procedimientos judiciales inacabados y dos investigaciones cerradas recientemente con condena en firme. Sin embargo, a pesar de lo llamativo de los datos, las condenas habidas hasta ahora han quedado resueltas con multas muy abultadas por contrabando, pero nada más. Nadie ha ido a la cárcel por un asunto que, mientras en EEUU puede costarle 10 años de reclusión al infractor, en España se ha venido arreglando con un acuerdo entre los abogados de las empresas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Porque, de algún modo, también influye que esté en juego la salud económica de un importante sector comercial.
Fluval negó cualquier irregularidad -todas lo hacen públicamente- pero sus responsables no sólo no habían obtenido las autorizaciones para exportar, sino que estaban trasladando una mercancía prohibida; no porque una válvula industrial no pueda venderse, sino porque la aleación de esa válvula había sido modificada para usos distintos a los habituales. «Su composición contiene un 58% mínimo de níquel y 20.0 a 23.0% de cromo», recoge el texto judicial tras recordar que todo lo que supera el 25% está fuera de las leyes europeas.
¿Qué importancia puede tener tanto dato técnico? Según explica un experto de la Agencia Tributaria «son válvulas, pero según la aleación con la que han sido construidas pueden impedir la corrosión del hexafloruro de uranio», producto que suele ser utilizado en las instalaciones nucleares.
Las pruebas inculpatorias no sólo tienen que ver con la composición, sino también con el precio que llega a adquirir ese material. «Una máquina ordinaria puede valer unos 200.000 euros, pero tuneada para desarrollo militar puede llegar a superar el millón», añade un agente de la Guardia Civil. «Irán ha recurrido al contrabando y los precios del mercado ilegal se disparan», explica.
En el caso de Fluval, ni se habían solicitado las licencias de exportación; en otras ocasiones, lo que hacen las empresas es recurrir al engaño. «Maquinaria para fabricar misiles es declarada como repuestos sin valor comercial. Los de este sector son los reyes del eufemismo», añade otro experto policial.
Si eso fue en mayo, en junio era condenada la empresa Onaelectroerosión de Durango. Esta vez dos compañías iraníes, Mapna Turbine Blade Engineering and Manufacturing y MTEM -dedicadas a la fabricación de turbinas de gas- compraron a los productores vascos siete máquinas para fabricar hélices para plantas generadoras de energía que podían estar siendo usadas en el programa nuclear iraní. En este caso, el país pantalla fue Turquía y la empresa elegida Energik Trading Elektric, una sociedad turca controlada por las empresas iraníes y cuya sede está en un pequeño apartamento de la calle Kempinskresidences Astori, 127 de Estambul, un apartamento en el que ni con calzador entraría una de las máquinas contratadas.
La multa impuesta a Onaelectroerosión, la protagonista de la operación Kakum, fue de 1.841.476 euros y la prohibición de comerciar con Irán por un periodo de tres años.
Emiratos Árabes es uno de los países que más se prestan a borrar el rastro de las compras iraníes. Pero, sin duda, es Turquía el más utilizado por las empresas españolas. «Irán crea en Turquía las empresas pantalla, país con el que tiene un acuerdo de libre comercio. Después, se aprovecha de que, aunque los turcos no son miembros de la Comunidad Europea, no son sospechosos de radicalismo. Sin embargo, de facto, Turquía acaba siendo el mayor proveedor», precisa un agente.
En definitiva, son las empresas iraníes las que crean las intermediarias con las que las españolas han burlado el control de las ventas al régimen de los ayatolás. Con una precisión realizada por todos los expertos: «Se habla de empresas iraníes, pero, en realidad, éstas no tienen autonomía del Estado, es el Gobierno iraní el que dispone de ellas para sus intereses y objetivos cuando quiere».
Irán siempre negó que el destino fuera el impulso de su carrera armamentística nuclear y argumentó que su aspiración era meramente energética pero, según los técnicos cualificados de la Agencia Tributaria, se veía delatado por dos hechos: no admitía inspectores internacionales de control y el uranio al que aspiraba está enriquecido en un 18%, no en un 4%, «lo cual demuestra que su pretensión era la fabricación de la bomba atómica».
Precisamente es esa convicción respecto al control del Gobierno de Rohani la que intensificó los problemas, ya graves, de alguna de las empresas cuya investigación continúa abierta. Es el caso de RCR Projects de Tarragona, en el ojo del huracán de la operación Terracota.
La firma catalana llevaba ya bastantes años relacionándose con el holding que había adquirido el material y que tiene en propiedad desde la Hispanopersa Trading, una solvente tienda de preciosas alfombras persas con sede en Palma de Mallorca, hasta una firma relacionada con la fabricación de cilindros de gas butano sospechosos para los agentes porque, convenientemente modificados, tienen otros usos.
La relación era tan estrecha que los ingenieros industriales españoles se trasladaban a Irán para realizar lo que los expertos denominan «transferencia de intangibles»; es decir, para facilitar asistencia técnica e impartir cursos sobre la construcción de depósitos de gas y combustibles «de un modo totalmente prohibido por la Comunidad Europea».
Los iraníes siempre han pagado bien y a tiempo; es difícil decirles que no. Normalmente, lo hacen mediante transferencias y cartas de crédito que el banco va librando de forma progresiva hasta que se hace entrega de toda la mercancía. Y cuando no han podido hacerlo de ese modo, han puesto en práctica una especie de sofisticada hawala o sistema de compensación. «Se ha dado el caso de un pago con un cargamento de pistachos o a través de un concesionario alemán de coches de lujo», desliza uno de los investigadores.
Hay dudas sobre cuántas empresas han podido escapar de las garras de los organismos de control. Policía y Guardia Civil reconocen que, «a diferencia de lo que ocurre con el mundo de la droga, tenemos poca casuística de lo ilícito» y por eso la mayor parte de las empresas investigadas tienen antecedentes de delitos previos no detectados. Los expertos de la Agencia Tributaria consideran que las multas, que pueden llegar al séxtuplo de lo comerciado, son suficientemente disuasorias «y por eso no hay tantas empresas que se arriesguen a burlar la Ley».
O se han escapado y siguen aferradas al argumento de que si ellas no lo hacen, otras fabricarán para los mejores postores. Cosa también cierta. Puestos a denunciar escándalos, según los datos recogidos por el Gatestone Institute, Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Eslovenia y Alemania han exportado uranio enriquecido a Irán o las máquinas para producirlo. En el caso de Alemania -con una multibillonaria relación comercial con esta dictadura-136 compañías realizaron negocios con el régimen de los ayatolás en 2012, con múltiples casos de ilegalidad.
Al fin y al cabo, al elegante y extraño doctor Kahn le gustaba viajar. Y no era el único.
En 2003, cuando Libia firmó el Tratado de No Proliferación que acabó con el programa nuclear que él había desarrollado, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hizo llegar a los expertos españoles una alarma advirtiendo de la existencia de determinados materiales en poder de Gadafi que solamente habían podido ser fabricados en España. Las investigaciones dieron con una intermediaria, Comercial Nork, y con dos o tres empresas vascas que habían dedicado su capacidad a cubrir las expectativas del doctor Khan, que se hacían extensivas a países como Irán o Corea del Norte.
Aquellas empresas vascas se reconvirtieron. Pero, desde entonces, al menos una decena de compañías españolas ha continuado con la tradición de exportar material susceptible de ser empleado por Irán en su intento, ahora frustrado, de fabricar su propia bomba atómica. En estos momentos hay dos sentencias por contrabando y varias investigaciones abiertas.
Entramos de este modo en el espinoso mundo de la exportación delictiva del llamado material de Defensa y Doble Uso, es decir de la exportación fraudulenta del material militar, pero también de «aquellos productos y tecnologías de habitual utilización civil que puedan ser aplicados a uso militar», bien convencional o bien «relacionado con el funcionamiento, mantenimiento o propagación de armas químicas, biológicas o nucleares», según la legislación europea.
En realidad, el material de Doble Uso puede adoptar las más diversas formas. No es difícil imaginar lo que un régimen represor puede hacer dotando a sus soldados de unas simples botas de agua de puntera dura. El Estado, en coordinación con los organismos internacionales, ha establecido ocho criterios que determinan si un país es peligroso o no. De modo que, por ejemplo, un producto que en Irlanda podría servir para pintar una inocente valla jamás obtendrá, por sus componentes, el permiso de exportación para China.
Sin embargo, cuando se habla de una alerta sobre el material de doble uso, no se habla de este tipo de elementos sino, sobre todo, de válvulas y máquinas de electroerosión, dos productos en los que España está en la vanguardia. Según los expertos, cuando los iraníes querían buscar bombas de vacío saltándose el embargo al que han estado sometidos hasta la firma del Tratado -el histórico acuerdo de esta semana entre Irán y EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania sobre su programa nuclear-, acudían a Alemania o a Holanda, pero para otro tipo de cosas, la industria pesada española era su objetivo.
Desde 2011 hasta ahora, la Guardia Civil ha contabilizado cinco operaciones con este tipo de material exportado de forma fraudulenta, entre ellas las bautizadas como Piraña, Terracota o Altxatu. La Agencia Tributaria ha realizado otras, entre las que destaca la operación Kakum, y la Policía ha desarrollado investigaciones como las llamadas Puente (ésta con destino a Siria), Alfa, Randy o Alza. Algunas de ellas, las más evidentes -operación Nam-, destaparon la venta de nueve helicópteros a Irán. Otras, el envío por parte de empresas españolas de cañones a la India acompañados de los enormes tornos para construirlos, y las que más revelaron la venta de máquinas específicamente destinadas al desarrollo del programa nuclear iraní.
Se trata de un sector que, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, desde 2003 hasta 2013 ha incrementado el valor de las exportaciones en un 1.020%, si nos atenemos al material de Defensa, y de un 570% si nos referimos al de Doble Uso. Y no están incluidos los tratos ilegales.
En estos momentos hay al menos cuatro investigaciones abiertas, otros cuatro procedimientos judiciales inacabados y dos investigaciones cerradas recientemente con condena en firme. Sin embargo, a pesar de lo llamativo de los datos, las condenas habidas hasta ahora han quedado resueltas con multas muy abultadas por contrabando, pero nada más. Nadie ha ido a la cárcel por un asunto que, mientras en EEUU puede costarle 10 años de reclusión al infractor, en España se ha venido arreglando con un acuerdo entre los abogados de las empresas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Porque, de algún modo, también influye que esté en juego la salud económica de un importante sector comercial.
El 'Irangate de Amurrio'
La sentencia de una de las dos investigaciones juzgadas está fechada el 4 de mayo de 2015. Se trata de un caso rebautizado chuscamente como el Irangate de Amurrio. Los agentes sospecharon de una empresa, Fluval Spain, que llevaba tiempo produciendo la misma cantidad de maquinaria, pero que había reducido la solicitud de licencias de exportación a las autoridades. En enero de 2013, interceptaron un tráiler que salía hacia la frontera camino de Emiratos Árabes y comprobaron que transportaba válvulas denominadas Inconel 625, unos artefactos de 2.500 kilos cada uno, cuyo verdadero destino era Irán, previo paso por el citado país pantalla.Fluval negó cualquier irregularidad -todas lo hacen públicamente- pero sus responsables no sólo no habían obtenido las autorizaciones para exportar, sino que estaban trasladando una mercancía prohibida; no porque una válvula industrial no pueda venderse, sino porque la aleación de esa válvula había sido modificada para usos distintos a los habituales. «Su composición contiene un 58% mínimo de níquel y 20.0 a 23.0% de cromo», recoge el texto judicial tras recordar que todo lo que supera el 25% está fuera de las leyes europeas.
¿Qué importancia puede tener tanto dato técnico? Según explica un experto de la Agencia Tributaria «son válvulas, pero según la aleación con la que han sido construidas pueden impedir la corrosión del hexafloruro de uranio», producto que suele ser utilizado en las instalaciones nucleares.
Las pruebas inculpatorias no sólo tienen que ver con la composición, sino también con el precio que llega a adquirir ese material. «Una máquina ordinaria puede valer unos 200.000 euros, pero tuneada para desarrollo militar puede llegar a superar el millón», añade un agente de la Guardia Civil. «Irán ha recurrido al contrabando y los precios del mercado ilegal se disparan», explica.
En el caso de Fluval, ni se habían solicitado las licencias de exportación; en otras ocasiones, lo que hacen las empresas es recurrir al engaño. «Maquinaria para fabricar misiles es declarada como repuestos sin valor comercial. Los de este sector son los reyes del eufemismo», añade otro experto policial.
Seis pedidos no detectados
La documentación incautada en la operación Fluval demostró después que, previamente, la empresa alavesa había satisfecho otros seis pedidos que ni siquiera fueron detectados. En total, 94 válvulas con destino a Irán por un valor de 2.631.935 euros. El resultado, tras un acuerdo: dos directivos condenados por contrabando a dos años de prisión y una multa de 8 millones. El acuerdo suele impedir que el delito sea de mayor entidad o que incluya otros como el blanqueo de capitales propio de quien ha recibido ingresos desde bancos lejanos.Si eso fue en mayo, en junio era condenada la empresa Onaelectroerosión de Durango. Esta vez dos compañías iraníes, Mapna Turbine Blade Engineering and Manufacturing y MTEM -dedicadas a la fabricación de turbinas de gas- compraron a los productores vascos siete máquinas para fabricar hélices para plantas generadoras de energía que podían estar siendo usadas en el programa nuclear iraní. En este caso, el país pantalla fue Turquía y la empresa elegida Energik Trading Elektric, una sociedad turca controlada por las empresas iraníes y cuya sede está en un pequeño apartamento de la calle Kempinskresidences Astori, 127 de Estambul, un apartamento en el que ni con calzador entraría una de las máquinas contratadas.
La multa impuesta a Onaelectroerosión, la protagonista de la operación Kakum, fue de 1.841.476 euros y la prohibición de comerciar con Irán por un periodo de tres años.
Emiratos Árabes es uno de los países que más se prestan a borrar el rastro de las compras iraníes. Pero, sin duda, es Turquía el más utilizado por las empresas españolas. «Irán crea en Turquía las empresas pantalla, país con el que tiene un acuerdo de libre comercio. Después, se aprovecha de que, aunque los turcos no son miembros de la Comunidad Europea, no son sospechosos de radicalismo. Sin embargo, de facto, Turquía acaba siendo el mayor proveedor», precisa un agente.
En definitiva, son las empresas iraníes las que crean las intermediarias con las que las españolas han burlado el control de las ventas al régimen de los ayatolás. Con una precisión realizada por todos los expertos: «Se habla de empresas iraníes, pero, en realidad, éstas no tienen autonomía del Estado, es el Gobierno iraní el que dispone de ellas para sus intereses y objetivos cuando quiere».
Irán siempre negó que el destino fuera el impulso de su carrera armamentística nuclear y argumentó que su aspiración era meramente energética pero, según los técnicos cualificados de la Agencia Tributaria, se veía delatado por dos hechos: no admitía inspectores internacionales de control y el uranio al que aspiraba está enriquecido en un 18%, no en un 4%, «lo cual demuestra que su pretensión era la fabricación de la bomba atómica».
Precisamente es esa convicción respecto al control del Gobierno de Rohani la que intensificó los problemas, ya graves, de alguna de las empresas cuya investigación continúa abierta. Es el caso de RCR Projects de Tarragona, en el ojo del huracán de la operación Terracota.
Carcasas de misiles
Una multinacional de productos de Defensa llamada BAE Systems vendió legalmente a otra empresa inglesa dos máquinas de conformado para la fabricación de carcasas de misiles. Esos dos enormes artefactos -que, en realidad, habían sido adquiridos por un holding familiar iraní y cuyo traslado se saltaba todas las normas del GSM (Grupo de Suministradores Nucleares) y del RCTM (Régimen de Control de Tecnología de Misiles)-, acabaron en el almacén de la empresa tarraconense.La firma catalana llevaba ya bastantes años relacionándose con el holding que había adquirido el material y que tiene en propiedad desde la Hispanopersa Trading, una solvente tienda de preciosas alfombras persas con sede en Palma de Mallorca, hasta una firma relacionada con la fabricación de cilindros de gas butano sospechosos para los agentes porque, convenientemente modificados, tienen otros usos.
La relación era tan estrecha que los ingenieros industriales españoles se trasladaban a Irán para realizar lo que los expertos denominan «transferencia de intangibles»; es decir, para facilitar asistencia técnica e impartir cursos sobre la construcción de depósitos de gas y combustibles «de un modo totalmente prohibido por la Comunidad Europea».
Los iraníes siempre han pagado bien y a tiempo; es difícil decirles que no. Normalmente, lo hacen mediante transferencias y cartas de crédito que el banco va librando de forma progresiva hasta que se hace entrega de toda la mercancía. Y cuando no han podido hacerlo de ese modo, han puesto en práctica una especie de sofisticada hawala o sistema de compensación. «Se ha dado el caso de un pago con un cargamento de pistachos o a través de un concesionario alemán de coches de lujo», desliza uno de los investigadores.
Hay dudas sobre cuántas empresas han podido escapar de las garras de los organismos de control. Policía y Guardia Civil reconocen que, «a diferencia de lo que ocurre con el mundo de la droga, tenemos poca casuística de lo ilícito» y por eso la mayor parte de las empresas investigadas tienen antecedentes de delitos previos no detectados. Los expertos de la Agencia Tributaria consideran que las multas, que pueden llegar al séxtuplo de lo comerciado, son suficientemente disuasorias «y por eso no hay tantas empresas que se arriesguen a burlar la Ley».
O se han escapado y siguen aferradas al argumento de que si ellas no lo hacen, otras fabricarán para los mejores postores. Cosa también cierta. Puestos a denunciar escándalos, según los datos recogidos por el Gatestone Institute, Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Eslovenia y Alemania han exportado uranio enriquecido a Irán o las máquinas para producirlo. En el caso de Alemania -con una multibillonaria relación comercial con esta dictadura-136 compañías realizaron negocios con el régimen de los ayatolás en 2012, con múltiples casos de ilegalidad.
Al fin y al cabo, al elegante y extraño doctor Kahn le gustaba viajar. Y no era el único.
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