La portavoz municipal apoyó ayer al edil de Seguridad y destacó que quienes «deben pedir perdón» son los agentes, y no él por llamarles «fascistas»
«Apoyo, cariño y solidaridad». Así cerró filas el Ayuntamiento de Madrid en torno a su concejal de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, tras ser imputado por llamar «fascistas» a los policías municipales que protestaron contra su gestión. La portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, fue ayer la encargada de trasladar en rueda de prensa la defensa incondicional del Consistorio de Carmena al edil. La condenada por su asalto a la capilla de la Universidad Complutense no solo no matizó las palabras de su compañero de siglas, sino que aseguró que «quienes deben pedir perdón» son los propios manifestantes, que «lo insultaron y patearon su coche» el 16 de febrero.
El origen del conflicto entre Barbero y sus policías remite al desbaratamiento del Cuerpo y a la eliminación de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los denominados «antidisturbios», por el edil y el director de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Bajo esta premisa, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) convocó una protesta a la que posteriormente se sumaron los sindicatos CSIT y CSIF, además de APMU. Según el concejal, que tuvo que escoderse en un mesón próximo a la plaza de la Villa y evacuado en un coche oficial, fue víctima de un «acoso» que le recordaba a los actos de «grupos fascistas».
Desde el primer momento, tuvo especial interés en diferenciar la manifestación contra su gestión de los escraches a políticos del PP en los que participó cuando era un activista del movimiento «okupa». Su argumentación fue que, en su caso, se trataba de un ataque a un representante de una institución. «Lo que ha sucedido ha sido un clara extralimitación de la protesta, donde fundamentalmente se han escuchado consignas ideológicas. Eso me suena a ataque político al gobierno de la ciudad y a sus propuestas de cambio», declaró entonces.
Sobre los mismos criterios basó su argumentación Rita Maestre, que compareció tras la Junta de Gobierno. No hizo ninguna alusión a la responsabilidad de Barbero y aseguró que «la única conducta realmente delictiva» fue la de los manifestantes, «que lo insultaron y patearon su coche». Sobre estas presuntas agresiones, el portavoz de CPPM, Julián Leal, reiteró a este periódico que «no se produjeron» y que, como ya manifestó el día de los hechos, los golpes a los que Barbero hace alusión eran de los escoltas avisando de que ya podía arrancar. Leal añadió que el sindicato no va a hacer ninguna valoración sobre las palabras del Ayuntamiento, y que supeditan su posición al «criterio judicial».
Maestre justificó el calificativo de «fascistas» de idéntica forma que Javier Barbero: aludió a una situación de «acoso» que recordaba a «grupos fascistas». Como si el discurso fuera calcado, también ella diferenció esta protesta de los escraches contra políticos del PP, concretamente el sufrido por Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno, y en el que no faltaron escupitajos.
Pero Maestre hizo más diferencias entre lo que concierne al actual Ayuntamiento y lo que afectaba, en una situación similar, a otras corporaciones. Dijo que las imputaciones están «mezcladas» si se compara la del edil de Seguridad (y su condena) con otras «a las que se está acostumbrado a ver», en referencia al PP, que «tienen que ver con el uso irregular, irresponsable e ilícito de los recursos públicos». «Nos preocupa que la judicialización se convierta en la dinámica habitual», confesó Rita Maestre en relación a los procesos contra algunos miembros del Gobierno local, que, incluso, como en su caso, vulneran el código ético de la formación.
El PP fue especialmente crítico, tanto en lo que se refiere a Barbero como en su valoración del nuevo Plan Director de la Policía Municipal. La portavoz del grupo popular en materia de seguridad, Inmaculada Sanz, invitó a la alcaldesa a que exija a su concejal que «asuma responsabilidades». «Es gravísimo que se injurie de esa manera a la Policía Municipal», dijo.
Sin embargo, el grueso de su denuncia se centró en el informe «Desmontando el Plan Director». A juicio del PP, «no es participativo; no está consensuado con agentes, sindicatos y grupos municipales; está politizado; es prejuicioso porque parte de la premisa de una Policía represiva y es incoherente porque asume competencias inexistentes». No entienden cómo Carmena se fija «en Bogotá, Bélgica y el Chicago de los años 70», cuando el modelo actual ha situado a Madrid como «una de las ciudades más seguras de Europa».
El origen del conflicto entre Barbero y sus policías remite al desbaratamiento del Cuerpo y a la eliminación de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los denominados «antidisturbios», por el edil y el director de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Bajo esta premisa, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) convocó una protesta a la que posteriormente se sumaron los sindicatos CSIT y CSIF, además de APMU. Según el concejal, que tuvo que escoderse en un mesón próximo a la plaza de la Villa y evacuado en un coche oficial, fue víctima de un «acoso» que le recordaba a los actos de «grupos fascistas».
Desde el primer momento, tuvo especial interés en diferenciar la manifestación contra su gestión de los escraches a políticos del PP en los que participó cuando era un activista del movimiento «okupa». Su argumentación fue que, en su caso, se trataba de un ataque a un representante de una institución. «Lo que ha sucedido ha sido un clara extralimitación de la protesta, donde fundamentalmente se han escuchado consignas ideológicas. Eso me suena a ataque político al gobierno de la ciudad y a sus propuestas de cambio», declaró entonces.
Maestre justificó el calificativo de «fascistas» de idéntica forma que Javier Barbero: aludió a una situación de «acoso» que recordaba a «grupos fascistas». Como si el discurso fuera calcado, también ella diferenció esta protesta de los escraches contra políticos del PP, concretamente el sufrido por Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno, y en el que no faltaron escupitajos.
Dos tipos de protesta
«Son cuestiones distintas», dijo al tiempo que enmarcó aquellos ataques en «un periodo de la historia de España, con una crisis sangrante y dolorosa, con despidos y desahucios, que condenó a la precariedad a mucha gente». Por ello, y porque «las instituciones no ofrecían vías de diálogo», quedaban legitimadas. Sin embargo, a tenor de las declaraciones de la concejal, ninguno de estos motivos permanece, ya que «sí existen» los demandados canales de comunicación con los cargos públicos: «Fue una reivindicación sindical legítima pero poco educada».Pero Maestre hizo más diferencias entre lo que concierne al actual Ayuntamiento y lo que afectaba, en una situación similar, a otras corporaciones. Dijo que las imputaciones están «mezcladas» si se compara la del edil de Seguridad (y su condena) con otras «a las que se está acostumbrado a ver», en referencia al PP, que «tienen que ver con el uso irregular, irresponsable e ilícito de los recursos públicos». «Nos preocupa que la judicialización se convierta en la dinámica habitual», confesó Rita Maestre en relación a los procesos contra algunos miembros del Gobierno local, que, incluso, como en su caso, vulneran el código ético de la formación.
El PP, muy crítico
La imputación de Barbero ha formado dos frentes en el Ayuntamiento de la capital. Por un lado, Ahora Madrid y PSOE, que defienden al concejal; y, por otro, PP y Ciudadanos, que exigen que asuma su responsabilidad. El concejal socialista Ramón Silva indicó ayer que, «igual que Javier Barbero retiró los expedientes» abiertos a los agentes, «lo mejor sería» que CPPM hiciera lo propio con la denuncia. Por su parte, la portavoz de la formación «naranja», Begoña Villacís, instó al edil a pedir perdón.El PP fue especialmente crítico, tanto en lo que se refiere a Barbero como en su valoración del nuevo Plan Director de la Policía Municipal. La portavoz del grupo popular en materia de seguridad, Inmaculada Sanz, invitó a la alcaldesa a que exija a su concejal que «asuma responsabilidades». «Es gravísimo que se injurie de esa manera a la Policía Municipal», dijo.
Sin embargo, el grueso de su denuncia se centró en el informe «Desmontando el Plan Director». A juicio del PP, «no es participativo; no está consensuado con agentes, sindicatos y grupos municipales; está politizado; es prejuicioso porque parte de la premisa de una Policía represiva y es incoherente porque asume competencias inexistentes». No entienden cómo Carmena se fija «en Bogotá, Bélgica y el Chicago de los años 70», cuando el modelo actual ha situado a Madrid como «una de las ciudades más seguras de Europa».
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