El Ministro de Defensa no participará en la aprobación de los contratos de compra de misiles para las futuras fragatas F-110 en base a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública.
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El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, no participará en la aprobación de los contratos de compra de misiles para las futuras fragatas españolas del programa F-110. Así lo ha establecido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un Real Decreto publicado este jueves y recogido por elboenuestrodecadadia. Es la primera vez en la actual legislatura que se hace pública la decisión de recusar la participación del responsable de Defensa en la negociación de un contrato.
El decreto se aprueba teniendo en cuenta el artículo 28 de de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que indica los cinco posibles casos de abstención. Entre ellos destacan el interés personal, como ser administrador o exadministrador de una sociedad a la que va a afectar la decisión o haberle prestado servicios a la sociedad; posibles vínculos familiares o personales con las empresas que hay que aprobar o desaprobar de cara a la puja del contrato público, y haber tenido intervención como perito o testigo en un procedimiento de este tipo.
El Minsiterio de Defensa ha explicado a este diario que Morenés presentó su abstención a la propuesta del Consejo de Ministro de celebrar el citado contrato. La decisión se debe a que el Ministro fue presidente de Segur Ibérica y MBDA España, empresa dedicada a la fabricación de misiles que podría tener participación en el contrato.
Pedro Morenés ha tenido relación (directa antes e indirecta después) también con la sociedad Instalaza, una de las empresas contratistas de Defensa. El Real Decreto de hoy llega dos días después de que este diario denunciara la falta de información sobre adjudicaciones a esta firma en varias respuestas parlamentarias remitidas a dos diputados del Congreso, dos hecho que desde Defensa desvinculan de manera rotunda. A raíz del artículo publicado, Amaiur y UPyD han pedido la comparecencia urgente del máximo responsable del departamento ante el Congreso.
Sin embargo, no es posible saber si Instalaza está involucrada a en el concurso de contratación de las fragatas F-110, ya que el proceso no es público. Sí se conoce la presencia de Indra y de la pública Navantia, pero se desconoce qué otras empresas podrán ser subcontratatadas. Esta situación abre la puerta a que alguna empresa en la que Morenés haya participado en su anterior etapa profesional preste servicio a una de las dos posibles adjudicatarias.
El contrato, autorizado en el Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, servirá para desarrollar sensores mástil y para incorporar "nuevas capacidades" en el sistema de combate SCOMBA de buques de la Armada, además de desarrollar un sistema de control de misiles para las futuras fragatas F-110. El importe del contrato será de 135 millones de euros.
Su financiación se encuadra, tal y como aprobó el Consejo de Ministros, en los "Programas Especiales de Armamento". Esto implica que el Ministerio de Industria y Energía pagará por adelantado mientras Defensa devolverá las cantidades (de una sola vez) sólo en el año 2021.
Este movimiento de partidas presupuestarias no ha quedado exento de polémica. El departamento de Morenés alcanza, año tras año, millonarios desvíos presupuestarios debido al crédito extraordinario que, tradicionalmente, dedica al pago de estos Programas Especiales. Tal y como justificó el ministerio, estos programas para modernizar el ejército se financian como I+D, por lo que los paga el Ministerio de Industria. Defensa paga armas y maquinarias una vez estas estén listas, justamente lo que ocurrirá con el armamento para las fragatas F-110.
El decreto se aprueba teniendo en cuenta el artículo 28 de de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que indica los cinco posibles casos de abstención. Entre ellos destacan el interés personal, como ser administrador o exadministrador de una sociedad a la que va a afectar la decisión o haberle prestado servicios a la sociedad; posibles vínculos familiares o personales con las empresas que hay que aprobar o desaprobar de cara a la puja del contrato público, y haber tenido intervención como perito o testigo en un procedimiento de este tipo.
El Minsiterio de Defensa ha explicado a este diario que Morenés presentó su abstención a la propuesta del Consejo de Ministro de celebrar el citado contrato. La decisión se debe a que el Ministro fue presidente de Segur Ibérica y MBDA España, empresa dedicada a la fabricación de misiles que podría tener participación en el contrato.
Pedro Morenés ha tenido relación (directa antes e indirecta después) también con la sociedad Instalaza, una de las empresas contratistas de Defensa. El Real Decreto de hoy llega dos días después de que este diario denunciara la falta de información sobre adjudicaciones a esta firma en varias respuestas parlamentarias remitidas a dos diputados del Congreso, dos hecho que desde Defensa desvinculan de manera rotunda. A raíz del artículo publicado, Amaiur y UPyD han pedido la comparecencia urgente del máximo responsable del departamento ante el Congreso.
Sin embargo, no es posible saber si Instalaza está involucrada a en el concurso de contratación de las fragatas F-110, ya que el proceso no es público. Sí se conoce la presencia de Indra y de la pública Navantia, pero se desconoce qué otras empresas podrán ser subcontratatadas. Esta situación abre la puerta a que alguna empresa en la que Morenés haya participado en su anterior etapa profesional preste servicio a una de las dos posibles adjudicatarias.
El contrato, autorizado en el Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, servirá para desarrollar sensores mástil y para incorporar "nuevas capacidades" en el sistema de combate SCOMBA de buques de la Armada, además de desarrollar un sistema de control de misiles para las futuras fragatas F-110. El importe del contrato será de 135 millones de euros.
Su financiación se encuadra, tal y como aprobó el Consejo de Ministros, en los "Programas Especiales de Armamento". Esto implica que el Ministerio de Industria y Energía pagará por adelantado mientras Defensa devolverá las cantidades (de una sola vez) sólo en el año 2021.
Este movimiento de partidas presupuestarias no ha quedado exento de polémica. El departamento de Morenés alcanza, año tras año, millonarios desvíos presupuestarios debido al crédito extraordinario que, tradicionalmente, dedica al pago de estos Programas Especiales. Tal y como justificó el ministerio, estos programas para modernizar el ejército se financian como I+D, por lo que los paga el Ministerio de Industria. Defensa paga armas y maquinarias una vez estas estén listas, justamente lo que ocurrirá con el armamento para las fragatas F-110.
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