La medida, una vez más, era tan improvisada que se contradice con la propia normativa municipal. En este caso, la situación de los agentes ha mejorado porque ya no pierden tantas horas custodiando las dichosas bicis robadas o abandonadas de BiciMAD pero lo rocambolesco de la historia es que el recién estrenado protocolo que deben aplicar los policías municipales de la capital (amarrar con una cinta policial «a cualquier elemento fijo» la bici y continuar la patrulla)contradice la Ordenanza de Movilidad del mismo Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que lo que deben hacer los propios policías, según les ordenó un alto mando, debería ser multado por esos mismos policías en el caso de que lo hiciera un ciudadano con su propia bici. El caso se remonta a antes del verano. Los agentes comenzaron a advertir de lo peligroso que estaba resultando para el ciudadano el vandalismo de BiciMAD.
Cualquier patrulla que viera una de estas bicis del servicio municipal tirada, abandonada o robada –o recibiera el aviso de ello– debía desplazarse hasta el lugar y quedarse realizando la custodia policial de la bicicleta hasta que llegara el camión de recogida de la empresa adjudicataria del servicio, BonoPark. Los policías denunciaban que perdían hasta cuatro y cinco horas de servicio y, en algunos barrios en los que sólo había una patrulla, suponía dejar desatendido al ciudadano por una simple bici. Los avisos se contaban por cientos al día: era insostenible. Así, desde el Área de Seguridad, el inspector de Gabinete Técnico, Óskar de Santos (que está por encima del inspector jefe del Cuerpo, Franscisco Caletrio), firmó el pasado 2 de octubre un protocolo a seguir es estos casos, que se colgó en Ayre, la intranet de los funcionarios del Ayuntamiento.
Hasta que se determine un procedimiento consensuado con las partes implicadas, acordaron que el agente que no encontrara una estación cercana de BiciMAD donde anclar la bici, debía explicar a la emisora directora «la unicación exacta y el número que tiene asignada procediendo a sujetarla a algún elemento fijo con cinta policial, no siendo necesaria la permanencia de la patrulla hasta la llegada de los servicios de recogida». La medida, aunque un parche, beneficia a los agentes, que ya no tienen que esperar horas al lado de una bici. Sin embargo, la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en su artículo 62 –que regula los estacionamientos de los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas–, prohíbe el estacionamiento de motocicletas y bicicletas privadas «anclados al mobiliario urbano, ni sobre tapas de registro y servicio» (artículo 62, punto 5). Es decir, que, en teoría, un policía debería multar la bici de un particular amarrada a una farola pero, sin margo, la orden recibida a ese mismo agente es que sujeten con cinta policial ota bici (ésta de biciMAD) a la misma farola. Lógicamente, los agentes no suelen ir multando a quienes amarran su bici a cualquier sitio a no ser que moleste o se reciban quejas pero, la realidad es que debería ser multado. Los problemas con BiciMAD parecen no tener fin y sigue repercutiendo en el trabajo policial.«El vandalismo con BiciMAD nos sigue dando mucho trabajo porque nos siguen llegando cientos de avisos diarios y hay que desplazarse hasta allí, pero ya no hay que permanecer en el lugar como antes. Operativamente es mucho mejor para nosotros, pero es cierto que hay una “alegalidad”, porque si fuera un vehículo robado sí que hay que custodiarlo hasta que se haga cargo al propiedad: se lo lleva la grúa y luego va al depósito», reconoce el portavoz del sindicato APMU Carlos.
Cualquier patrulla que viera una de estas bicis del servicio municipal tirada, abandonada o robada –o recibiera el aviso de ello– debía desplazarse hasta el lugar y quedarse realizando la custodia policial de la bicicleta hasta que llegara el camión de recogida de la empresa adjudicataria del servicio, BonoPark. Los policías denunciaban que perdían hasta cuatro y cinco horas de servicio y, en algunos barrios en los que sólo había una patrulla, suponía dejar desatendido al ciudadano por una simple bici. Los avisos se contaban por cientos al día: era insostenible. Así, desde el Área de Seguridad, el inspector de Gabinete Técnico, Óskar de Santos (que está por encima del inspector jefe del Cuerpo, Franscisco Caletrio), firmó el pasado 2 de octubre un protocolo a seguir es estos casos, que se colgó en Ayre, la intranet de los funcionarios del Ayuntamiento.
Hasta que se determine un procedimiento consensuado con las partes implicadas, acordaron que el agente que no encontrara una estación cercana de BiciMAD donde anclar la bici, debía explicar a la emisora directora «la unicación exacta y el número que tiene asignada procediendo a sujetarla a algún elemento fijo con cinta policial, no siendo necesaria la permanencia de la patrulla hasta la llegada de los servicios de recogida». La medida, aunque un parche, beneficia a los agentes, que ya no tienen que esperar horas al lado de una bici. Sin embargo, la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en su artículo 62 –que regula los estacionamientos de los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas–, prohíbe el estacionamiento de motocicletas y bicicletas privadas «anclados al mobiliario urbano, ni sobre tapas de registro y servicio» (artículo 62, punto 5). Es decir, que, en teoría, un policía debería multar la bici de un particular amarrada a una farola pero, sin margo, la orden recibida a ese mismo agente es que sujeten con cinta policial ota bici (ésta de biciMAD) a la misma farola. Lógicamente, los agentes no suelen ir multando a quienes amarran su bici a cualquier sitio a no ser que moleste o se reciban quejas pero, la realidad es que debería ser multado. Los problemas con BiciMAD parecen no tener fin y sigue repercutiendo en el trabajo policial.«El vandalismo con BiciMAD nos sigue dando mucho trabajo porque nos siguen llegando cientos de avisos diarios y hay que desplazarse hasta allí, pero ya no hay que permanecer en el lugar como antes. Operativamente es mucho mejor para nosotros, pero es cierto que hay una “alegalidad”, porque si fuera un vehículo robado sí que hay que custodiarlo hasta que se haga cargo al propiedad: se lo lleva la grúa y luego va al depósito», reconoce el portavoz del sindicato APMU Carlos.
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