El juez termina la instrucción sobre el principal accionista privado de Arcelormittal, al que Hacienda acusa de simular que residía en Suiza y ocultar acciones en Luxemburgo
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La Agencia Tributaria y la fiscalía denunciaron a Aristrain por mudar en 2006 su residencia fiscal a Suiza. Le acusaban de no pasar allí los seis meses al año que exige la ley para no pagar impuestos en España. Además, le imputaban la ocultación en Luxemburgo de sus acciones de Arcelormittal. En total, el fraude fiscal que le imputan es de 103 millones de euros, según señalan fuentes de la defensa, por lo que tiene pocos precedentes por la cuantía para una persona física. La defensa del industrial sostiene que sufre "un atropello", que nunca hubo ocultación en el traslado de las acciones a Luxemburgo, que con Suiza solo puede haber un problema administrativo y confía en lograr el archivo en unos meses, ya que aún caben recursos.
En julio de 2011, la fiscalía se presentó en el juzgado de guardia de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con una bomba. Pedían la entrada y registro en el domicilio de José María Aristrain de la Cruz, uno de los grandes industriales de España. Aristrain, de 53 años, tomó en 1986 el mando de la corporación familiar, un grupo del acero con origen en el País Vasco. Cuando la fiscalía le denunció, 'Forbes' le calculaba una fortuna de 1.700 millones de dólares (unos 1.220 millones de euros), lo que lo convertía en el décimo hombre más rico de España y el 736 del mundo. En 2014 bajó al puesto 1.465 y en 2015 desapareció por la bajada de cotización de sus acciones.
La defensa sostiene que la acusación es “un despropósito mayúsculo“ que quedará en nada
El 21 de julio de 2011, a las ocho de la mañana, miembros de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) irrumpían en el chalé de Aristrain a las afueras de Madrid. Lo había autorizado el juzgado de Pozuelo en el que había caído la denuncia. Hacienda había detectado que en 2006 Aristrain cambió su residencia a Suiza -posee un impresionante chalé entre Gstaad y Lausana- y comenzó a investigarle.
En su chalé, los agentes hallaron una veintena de coches de alta gama que no estaban a su nombre, según fuentes conocedoras del caso, que destacan que sus gastos corrientes estaban a cargo de empresas. Allí se incautaron de la agenda del industrial, en la que estaban registradas sus citas en España. Como en otros casos, la Agencia Tributaria analizó el gasto en luz, calefacción y agua, los movimientos bancarios, el uso de alarmas, los viajes... todo para intentar demostrar que Aristrain no pasaba en Suiza los seis meses que exige la ley para poder tributar allí sino que realmente vivía en España y que por tanto debía pagar impuestos aquí.
Para la Agencia Tributaria era un caso importante. Aristrain es un hombre muy, muy rico. En 1980, cuando Hacienda hizo pública por primera vez las declaraciones de la renta, su padre, también llamado José María Aristrain, figuraba como el segundo más rico de España, con 6.618 millones de pesetas, solo por detrás de José María Ruiz-Mateos. En 1986 el padre falleció en un accidente de helicóptero en la Costa Azul y le sucedió su hijo José María. Con los años y tras distintas fusiones, Aristrain ha llegado a ser el primer accionista privado de Arcelormittal, la mayor firma de acero del mundo, de la que posee alrededor del 3%. Desde 2014 es además uno de los principales accionistas de Tubacex, que fabrica tubos de acero inoxidable.
En los últimos años, José María Aristrain ha comprado la antigua embajada de Reino Unido en Madrid por 50,5 millones y dos edificios alrededor, tiene una casa palacio en el centro de Sevilla, una enorme finca de caza en Cáceres, una ganadería de lidia, un yate de unos 30 metros en Baleares... Es extremadamente reservado. La familia Aristrian, de origen vasco, se forjó bajo la amenaza etarra y tiene fama de no haber cedido nunca al chantaje terrorista. La discreción es marca de la casa. Aristrain no da entrevistas y rehúye los focos. Apenas hay fotos suyas.
"Es el mayor caso de fraude fiscal que sepa que tengamos. Las únicas cantidades parecidas son de grupos de empresas en el fraude tipo carrusel", que suprimen empresas interpuestas antes de liquidar el IVA, explica una fuente conocedora del asunto.
Aristrain presentó en el juzgado una carta de amenaza etarra para justificar su traslado a Suiza
La defensa de Aristrain señala que todo el caso es "un atropello". Ha presentado en el juzgado un certificado de residencia fiscal en Suiza según el cual "está al corriente de pago de todos sus impuestos" allí. Considera que por tanto no hay ocultación, ni evasión fiscal ni dolo, al tener España suscrito un convenio de doble imposición con Suiza. Sostiene que si España discrepa de que Aristrain pase en Suiza todo el tiempo necesario para tributar allí, debería resolverlo de forma amistosa y reclamarle a ese país lo que haya pagado allí, algo de lo que discrepan Hacienda y la fiscalía.
Sobre por qué trasladó su residencia fiscal a Suiza, el industrial ha presentado en la causa un anónimo que recibió a finales de 2003 en el que una persona que se identificaba como miembro de ETA le advertía de que la organización había decidido secuestrarle y le conminaba a abandonar el país. Según la misiva, sin firma, escrita a máquina en letras mayúsculas y con faltas de ortografía, le avisaba un etarra cuyo padre había trabajado para el de Aristrain y consideraba que debía avisarle como muestra de gratitud.
Sobre la acusación más grave, la de ocultar al fisco español las acciones de Arcelormitall y sus movimientos, Aristrain señala que transmitió sus acciones de Aceralia al exterior a finales de los años noventa bajo supervisión del Ministerio de Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que nunca hubo ocultación. Decir que la transmisión de acciones se ha ocultado es "un despropósito mayúsculo", según un escrito que la defensa de Aristrain ha entregado a El Confidencial. Los impuestos por esas acciones "se han abonado en el país de residencia, en este caso concreto, Luxemburgo". El caso aún tiene recorrido pendiente, porque las partes aún pueden solicitar más pruebas y cabe recurso.
En 2011, Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos Ana Patricia Botín, y Jaime Botín y sus cinco hijos pagaron 200 millones a Hacienda para regularizar la fortuna que tenían oculta en Suiza. Sin embargo, en el caso de Aristrain no ha habido apenas negociación. El industrial se ha negado a reconocer ninguna infracción y exige que Hacienda desista del procedimiento penal para sentarse a la mesa.
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