De cómo un narco compró la muerte de una niña en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

 

Justo antes de que empezara la vista se produjo un acuerdo entre las partes, la familia de la niña muerta en las Tres Mil Viviendas y los integrantes del clan de La Perla

Imagen posterior al tiroteo en el edificio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla donde falleció la menor. (EFE)

Autor

Javier Caraballo

 

Tiempo de lectura7 min

22.05.2016 – 05:00 H. - Actualizado: 1 H.

Se miraron a los ojos. Sí, es posible que lo hicieran. Una mirada corta y profunda para sellar un pacto inconfesable, forzado, abominable. Aunque otros dirán luego que se trataba de algo inevitable, la mejor salida, lo más inteligente. Se miraron a los ojos y firmaron el acuerdo. Después, no hubo más palabras, no todos los días se compra la muerte de una niña con dinero del narcotráfico.
Y eso es lo que acababa de ocurrir en el despacho de abogados en el que se reunieron los familiares de uno de los clanes de narcotraficantes más poderosos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla y los padres de la niña a la que asesinaron en una reyerta: pactaron un acuerdo para evitar el juicio. El fiscal lo aceptó luego y le dio forma legal al pacto. El juez lo rubricó en la sentencia y los titulares de prensa del día siguiente no daban crédito a lo sucedido: “La Fiscalía rebaja de 552 a 41 años la petición de cárcel a los Perla por matar a una niña”.

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Sucedió en Sevilla, a las doce de la noche del 21 de agosto de 2013. A esa hora de la noche, cuando se abren las ventanas para que la noche traiga el consuelo de una brisa que refresque las paredes recalentadas del sopor diario, Encarnación, una niña de seis años, esperaba en el salón a que su madre le llevara la cena. Fuera, en la calle, el ambiente habitual de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, un barrio marginal, inhóspito, prohibido, refugio de delincuentes y también de gentes que no tienen otro sitio donde ir. Junto a los bloques de viviendas, que parecen salidos de un ataque militar, basura por las aceras, farolas rotas y fogatas en medio del asfalto.
Sostiene el fiscal que el clan de La Perla convocó a diez integrantes “de su familia para ir a matar a Faíto y así vengar las afrentas realizadas por este”
De pronto, Encarnación, que está en la cocina con el más pequeño de sus hijos en brazos, oye ruidos. Se asoma a la ventana, y ve llegar a un ejército de narcotraficantes, con metralletas, pistolas y escopetas. Se alinean delante del bloque y comienzan a disparar. Asustada, acude al salón para pedirle a su hija que no se asome a la ventana, pero ya es demasiado tarde. Una lluvia de fuego arrasa la vivienda, su hija cae muerta y ella y su marido resultan heridos. Con el cadáver de su hija en brazos, sale gritando a la calle.
El escrito del fiscal detallará meses después, con nombre y apellidos, lo ocurrido aquella noche de agosto en las Tres Mil Viviendas, aunque todo el mundo allí lo supo al instante. Un vecino de Encarnación, al que conocían como el Faíto, solía comprarle droga al clan de La Perla. Faíto pagaba mensualmente pero “comenzó a retrasarse en los pagos”. Peleas, enfrentamientos, amenazas y discusiones, hasta que La Perla da la orden: ‘Faíto necesita un escarmiento’. Sostiene el fiscal que el clan de La Perla convocó a diez integrantes “de su familia para ir a matar a ‘Faíto’ y así vengar las afrentas realizadas por este”. En tres coches llegaron hasta el edificio, y comenzaron los disparos al grito de ‘Faíto, Faíto sal, que te vamos a matar’.
Cuando vieron a la madre de Encarnación con su hija muerta, se dieron a la fuga. La policía los localizó semanas después en un piso de Mijas, en Málaga. También encontraron allí algunas de las armas utilizadas en el tiroteo, droga enterrada preparada para la venta, ocho kilogramos de joyas y “dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes”, decía el atestado policial y el posterior informe de la Fiscalía. En concreto, 510.439 euros.

Algunas de las armas encontradas por la Policía en la detención de los Perla.

Hace unos días, el 7 de mayo pasado, todo estaba dispuesto en la Audiencia de Sevilla para que se iniciara el juicio, que iba a durar dos semanas. Pero justo antes de que empezara, se produjo un acuerdo de conformidad entre las partes, la familia de la niña muerta y los integrantes del clan de La Perla. ¿Se miraron a los ojos al firmar? Es posible, sí, porque el dinero que le entregaron como indemnización a la familia de la víctima es parte del encontrado en la vivienda de Mijas.
Cuatrocientos mil euros procedentes del narcotráfico que han podido ser admitidos para sufragar el acuerdo gracias al eufemismo de que se trataba de ‘ahorros de la familia’. De una petición de 552 años de cárcel se pasa a una pena de 41 años, y la indemnización inicial de 150.000 euros aumenta hasta los 400.000 gracias al dinero encontrado en la vivienda. ¿Es este el sentido de los acuerdos de conformidad o se trata de un escándalo más, como los ocurridos con los pactos de otros juicios sonados, como el ‘caso Pallerols’, de corrupción política, o los de los Mossos d’Esquadra, por un homicidio?
En una Justicia como la española, colapsada, lo deseable es que se extiendan esos acuerdos de conformidad que en Inglaterra, por ejemplo, se elevan hasta el 90% de los casos. Se trata, sencillamente, de resolver el grueso de los asuntos penales de menor enjundia por la vía del acuerdo entre las partes, sin necesidad de tener que celebrar juicio, con el consiguiente ahorro de tiempo y de dinero para el Estado. Si el acuerdo se alcanza en los primeros momentos de la instrucción del caso, el ahorro se multiplica en todos los sentidos. Un tercio de los casos penales de España se resuelven por acuerdo previo entre la Fiscalía y las defensas.

Uno de los autores de los disparos, Antonio G.M., alias 'el Coleta'. (EFE)

Pero, ¿hay limitaciones? Obviamente, porque con la conformidad lo que se pretende es desatascar la Justicia Penal con la resolución rápida y barata de delitos menores y abundantes, tales como estafas, fraudes y similares; todo lo que no exceda de penas de prisión de seis años. El artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo dice expresamente: “Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa”
¿Cómo se puede entender, entonces, que se acepte como un acuerdo de conformidad el crimen de Las Tres Mil Viviendas, que sumaba más de 500 años de cárcel? Las fuentes judiciales y fiscales consultadas por El Confidencial asumen, sin tapujos, que se está pervirtiendo el espíritu legal de los juicios de conformidad porque la principal directriz que se imparte en España es la de acelerar las sentencias para aliviar el atasco.
¿Cómo se puede entender que se acepte como un acuerdo de conformidad el crimen de Las Tres Mil Viviendas, que sumaba más de 500 años de cárcel?
“La tarea de un juez tiene ser reflexiva, reposada, para dictar sentencia, sin embargo lo que se pide es que se dicten cuantas más sentencias mejor, a toda prisa”, afirma uno de los magistrados de la Audiencia de Sevilla en los que recayó el juicio de La Perla. Fiscales de esa misma Audiencia explican que fue la familia de la niña muerta la que alcanzó el acuerdo, que la resolución del juicio era una incógnita por las dificultades de la vista oral y la debilidad de los testigos, aterrorizados por las posibles represalias del clan de narcotraficantes, y que, al final, se ha conseguido la declaración de culpabilidad y una indemnización importante con un dinero que, de otra forma, hubiera acabado en las arcas del Estado.
¿Se miraron a los ojos? ¿Y nosotros, ciudadanos, jueces, abogados y fiscales? ¿Qué hacemos ante un caso así? ¿Nos miramos a los ojos? ¿Qué pensarán los narcotraficantes? Una mirada corta y profunda porque sabemos que se trata de un pacto abominable, aunque luego se le busque la justificación de que se trataba de la mejor salida, lo más inteligente...