Interior destituye al jefe de contratación de la Policía tras sospechas de irregularidades

 

Juan Vicente J. S. aparece en todos los atestados policiales que investigan un caso de blanqueo y estafa al amparo del Juzgado número 50 de Madrid

Al fondo, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

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Roberto R. Ballesteros

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12.07.2016 – 05:00 H.

El Ministerio del Interior es un auténtico hervidero en este final de legislatura. A la 'guerra' entre comisarios que se está librando en la cúpula policial, al escándalo de la grabación al ministro Jorge Fernández Díaz en su propio despacho y a la pérdida de información de diferentes diligencias sufrida por la Unidad de Asuntos Internos, se une un nuevo caso que por ahora se encuentra en sus inicios, pero que podría crecer conforme avance la instrucción judicial.
A mediados del pasado mes, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destituyó al que había sido responsable de contratación de la corporación durante los últimos años, Juan Vicente J. S., facultativo especializado en derecho que accedió al cuerpo en 1990 y que ha pasado la mayor parte de su carrera vinculado al departamento de adjudicación. El funcionario aparece en la práctica totalidad de los atestados policiales presentados ante el Juzgado número 50 de Madrid, que mantiene abierta una causa por los delitos de blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental.

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En el procedimiento, por el momento, aparecen imputados Luis Javier S. Ch. y su pareja, María C. M. Ambos fueron citados a declarar como investigados e incluso encarcelados. Ahora se encuentran en libertad y en el actual punto del proceso penal son los principales sospechosos. El titular del Juzgado número 50, Esteban Vega, sin embargo, no descarta imputar a más sospechosos, ya que la causa está aún en un momento muy incipiente.
Fuentes policiales aseguran que la implicación penal del cesado jefe de contratación de la Dirección General de la Policía es cuestión de tiempo, ya que los hechos delictivos que se imputan a Luis Javier S. Ch. no pudieron ocurrir, por sentido común, sin que tuviera conocimiento Juan Vicente J. S., sospecha policial que aún tendrá que demostrarse a lo largo del procedimiento judicial.

Las pólizas fueron contratadas con Allianz.

El Juzgado 50 ha solicitado ya numerosas diligencias que tratan de esclarecer dónde fue a parar el dinero que casi un millar de policías desembolsaron a Luis Javier S. Ch., corredor de seguros encargado de contratar pólizas con la aseguradora Allianz. El juez Vega intenta averiguar si el imputado se quedaba con todo el dinero y luego hacía frente a los siniestros que denunciaban los funcionarios rascándose su propio bolsillo o si utilizaba algún otro método, pero al parecer los seguros nunca fueron contratados con las compañías.
Los policías abonaban la cuota de las pólizas establecida supuestamente por el imputado mediante la reducción de la misma cantidad de su nómina, y estas habrían estado abonándose correctamente a Allianz desde los años noventa hasta 2013, según acredita la propia compañía de seguros, que en 2015 advirtió a la Dirección General de la Policía de que llevaba dos años sin cobrar los seguros.
Los investigadores tratan de atar correctamente todos los cabos con el fin de determinar el recorrido que ha hecho el dinero que no ha ingresado la aseguradora y que, sin embargo, sí desembolsaron los funcionarios. De ahí que el Juzgado haya permitido analizar todos los movimientos bancarios de los imputados. Estas diligencias ayudarán a conocer quién se ha beneficiado de esta supuesta trama de blanqueo, estafa y falsedad documental que indaga el Juzgado número 50, y a establecer si hay conexión o no con el cesado responsable de contratación de la Policía.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)

Fuentes jurídicas consultadas sí hacen hincapién en que la instrucción se encuentra aún en un momento incipiente y que todavía queda mucho recorrido, pero que con casi total seguridad, conforme avancen las pesquisas, el juez irá incorporando nuevos imputados y llamando a declarar tanto a investigados como a testigos de una causa que ha vuelto a poner nerviosos a los responsables del Ministerio del Interior, que han asistido a unas últimas semanas de continuos sobresaltos tras la polémica de las escuchas en el despacho del responsable del departamento, Jorge Fernández Díaz, la guerra de comisarios en torno al caso Nicolás o el reconocimiento de la existencia de una denominada operación Cataluña.
Desde la Dirección General de la Policía, sin embargo, desvinculan la destitución de Juan Vicente J. S. de la instrucción penal que sigue el Juzgado número 50. Aseguran que el cese viene motivado por la exigencia que impone la Ley de Personal, aprobada hace un año, de que ese tipo de puestos sean ocupados por un comisario. "Estamos adaptando muchos cargos de este tipo, relativos sobre todo a áreas económicas, en las que hay un número importante de personal facultativo", a lo que exige la mencionada norma, explican.
En los puestos de responsabilidad de estos departamentos, afirman, debe haber ahora comisarios, añaden desde la Dirección General, donde admiten ser conscientes de que el responsable de contratación aparece en las diligencias que instruye el juez Vega, pero matizan también que la autoridad judicial aún no ha imputado al facultativo