Trabajadores que prestan servicio a Ariete Seguridad SA denuncian que esta adjudicataria opera fuera del convenio estatal del sector creando un "perjuicio de las condiciones laborales de los vigilantes". Cobran 1.200 euros menos al año. Esta entidad tuvo como apoderada hasta 2011 a la hoy primera teniente de alcalde de Alcorcón, Silvia Cruz
Otra empresa de vigilancia contratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez se trata de Ariete Seguridad SA y el asunto referido guarda relación con la Consejería de Asuntos Sociales, en concreto con el servicio que prestan en varias dependencias de este organismo. Trabajadores que operan para dicha entidad acaban de elevar una nota interna, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde subrayan que esta firma "se encuentra fuera del convenio estatal de seguridad desde hace varios años", creando con ello "un perjuicio de las condicionales laborales y salariales de los vigilantes".
Los afectados señalan que Ariete Seguridad SA es una de las empresas descolgadas del convenio estatal, lo que le ha permitido pagar 1.200 euros al año a cada vigilante. En una situación similar se encuentran, tal y como informó este diario el pasado enero, los trabajadores de Marsegur SA (filial de Seguridad Integral Canaria SA) que vigilan los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Ellos han dejado de cobrar más de un 30% de su sueldo (de 1.150 euros al mes han pasado a 750 euros) después de que Marsegur SA ganara el concurso en octubre de 2015.
Detrás de la permisividad del Ejecutivo popular está la aceptación en febrero de 2015 (el presidente regional era entonces Ignacio González) de un convenio colectivo particular registrado por Ariete Seguridad SA, muy alejado del sectorial o estatal. Por ejemplo, la exposición de motivos de ese texto dice: "Ante la situación actual del mercado, nos vemos obligados a mantener, e incluso, rebajar los precios de los servicios para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad de la compañía que permita nuestra viabilidad en próximo ejercicios. Y dicho competitividad -prosigue la empresa- tan sólo puede conseguirse mediante la optimización de nuestros recursos, principalmente los costes salariales".
Los afectados de tales dependencias de la Consejería madrileña de Asuntos Sociales denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada" y ofertar un "precio algo sospechoso". Estos denunciantes señalan que "es casualidad que a los pocos días de la adjudicación, aprueben por parte del comité de empresa una medida que recude el sueldo anual en unos 1.200 euros por vigilante, que es la diferencia aproximada con las ofertas de las demás empresas presentadas a concurso". Aquí estaría la clave de la concesión que estaba por llegar.
A todo ello se une el nexo entre Ariete Seguridad SA y la hoy primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz Martín (PP). La concejala fue apoderada de dicha firma hasta mayo de 2011, fecha en que abandonó el sector privado para dedicarse a la esfera pública, como edil popular en el citado Consistorio. Ahora está al frente del área de Hacienda, Empleo, Economía y Transporte y también es concejal de Mayores, Economía y Comercio.
Esta familia no es la única que estando en la órbita del PP regional ha gestionado una empresa de seguridad con adjudicaciones del Gobierno madrileño. Como publicó Vozpópuli hace unas semanas, Sasegur SL, empresa que ha obtenido (en UTE con Grupo On Seguridad) un contrato de 9,4 millones de euros para llevar la vigilancia de las sedes judiciales de la Comunidad, tiene como apoderado a Jesús Capote, exconcejal popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero. El socio de Capote entre junio de 1998 y noviembre del año 2000 fue Baltasar Santos. El que fuera alcalde de Navalcarnero durante 20 años quedó apartado del PP en 2015 tras ocultarle a Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional del partido, que estaba imputado en varias causas judiciales.
Una rebaja de los derechos colectivos
En materia laboral, el Tribunal Supremo dictó el pasado año una sentencia en contra de Ariete Seguridad SA. El Alto Tribunal respaldó una decisión del TSJ de Madrid que anuló un acuerdo de la empresa y el comité con fecha de 9 de diciembre de 2013 por el que se rebajaba los derechos colectivos de los empleados en materia de jornada laboral y salario para todo el año 2013. La Sala de lo Social del Supremo establece que apartarse de los derechos que recoge un convenio colectivo sectorial no puede tener efectos retroactivos.
Por otro lado, la firma que administra la familia de Silvia Cruz fue también noticia el pasado septiembre al ser imputada "provisionalmente" por un presunto cohecho, junto a otras doce contratistas del Ministerio de Defensa. Todas las empresas, según informó El País, tuvieron relación con dos tenientes coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos y en el Cuartel General del Ejército. Ambos fueron detenidos el 28 de abril de 2015 dentro de la investigación KPanda, bautizada así por la Guardia Civil, que se encargó de las pesquisas. Uno de ellos admitió ante el titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 haber recibido 2.000 euros de Ariete Seguridad SA.
Los afectados señalan que Ariete Seguridad SA es una de las empresas descolgadas del convenio estatal, lo que le ha permitido pagar 1.200 euros al año a cada vigilante. En una situación similar se encuentran, tal y como informó este diario el pasado enero, los trabajadores de Marsegur SA (filial de Seguridad Integral Canaria SA) que vigilan los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Ellos han dejado de cobrar más de un 30% de su sueldo (de 1.150 euros al mes han pasado a 750 euros) después de que Marsegur SA ganara el concurso en octubre de 2015.
Los afectados denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada"En el caso de Ariete Seguridad SA, el Gobierno de Cifuentes aprobó el pasado noviembre un gasto de 514.806,60 euros para la prórroga del contrato que tenía con esta empresa (otorgado en noviembre de 2014) para la vigilancia de varias sedes de la Consejería de Asuntos Sociales. El nuevo periodo de ejecución va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
Detrás de la permisividad del Ejecutivo popular está la aceptación en febrero de 2015 (el presidente regional era entonces Ignacio González) de un convenio colectivo particular registrado por Ariete Seguridad SA, muy alejado del sectorial o estatal. Por ejemplo, la exposición de motivos de ese texto dice: "Ante la situación actual del mercado, nos vemos obligados a mantener, e incluso, rebajar los precios de los servicios para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad de la compañía que permita nuestra viabilidad en próximo ejercicios. Y dicho competitividad -prosigue la empresa- tan sólo puede conseguirse mediante la optimización de nuestros recursos, principalmente los costes salariales".
Los afectados de tales dependencias de la Consejería madrileña de Asuntos Sociales denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada" y ofertar un "precio algo sospechoso". Estos denunciantes señalan que "es casualidad que a los pocos días de la adjudicación, aprueben por parte del comité de empresa una medida que recude el sueldo anual en unos 1.200 euros por vigilante, que es la diferencia aproximada con las ofertas de las demás empresas presentadas a concurso". Aquí estaría la clave de la concesión que estaba por llegar.
A todo ello se une el nexo entre Ariete Seguridad SA y la hoy primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz Martín (PP). La concejala fue apoderada de dicha firma hasta mayo de 2011, fecha en que abandonó el sector privado para dedicarse a la esfera pública, como edil popular en el citado Consistorio. Ahora está al frente del área de Hacienda, Empleo, Economía y Transporte y también es concejal de Mayores, Economía y Comercio.
El Tribunal Supremo dictó el pasado año una sentencia en contra de Ariete Seguridad SASegún consta en la web municipal, Silvia Cruz ejerció desde 1999 y hasta mayo 2011 como "directora general del grupo de empresas familiar, desempeñando labores de gestión, dirección, comercial y control". Desde 1996 hasta 1999, fue "responsable del departamento comercial y administrativo" del mismo grupo, donde se integra Ariete Seguridad SA. La última administradora de esta empresa, tal y como figura en el Registro Mercantil, es su madre, Teresa Martín Suárez, que sucedió en el cargo al padre de la edil, Emilio Cruz Roldán, en 2014.
Esta familia no es la única que estando en la órbita del PP regional ha gestionado una empresa de seguridad con adjudicaciones del Gobierno madrileño. Como publicó Vozpópuli hace unas semanas, Sasegur SL, empresa que ha obtenido (en UTE con Grupo On Seguridad) un contrato de 9,4 millones de euros para llevar la vigilancia de las sedes judiciales de la Comunidad, tiene como apoderado a Jesús Capote, exconcejal popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero. El socio de Capote entre junio de 1998 y noviembre del año 2000 fue Baltasar Santos. El que fuera alcalde de Navalcarnero durante 20 años quedó apartado del PP en 2015 tras ocultarle a Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional del partido, que estaba imputado en varias causas judiciales.
Una rebaja de los derechos colectivos
En materia laboral, el Tribunal Supremo dictó el pasado año una sentencia en contra de Ariete Seguridad SA. El Alto Tribunal respaldó una decisión del TSJ de Madrid que anuló un acuerdo de la empresa y el comité con fecha de 9 de diciembre de 2013 por el que se rebajaba los derechos colectivos de los empleados en materia de jornada laboral y salario para todo el año 2013. La Sala de lo Social del Supremo establece que apartarse de los derechos que recoge un convenio colectivo sectorial no puede tener efectos retroactivos.
Por otro lado, la firma que administra la familia de Silvia Cruz fue también noticia el pasado septiembre al ser imputada "provisionalmente" por un presunto cohecho, junto a otras doce contratistas del Ministerio de Defensa. Todas las empresas, según informó El País, tuvieron relación con dos tenientes coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos y en el Cuartel General del Ejército. Ambos fueron detenidos el 28 de abril de 2015 dentro de la investigación KPanda, bautizada así por la Guardia Civil, que se encargó de las pesquisas. Uno de ellos admitió ante el titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 haber recibido 2.000 euros de Ariete Seguridad SA.
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