El plan de productividad de la Agencia Tributaria tiene un objetivo: elevar la recaudación. Y para ello se ha previsto pagar hasta 11.000 euros siempre que se cumpla un mínimo de 20 horas adicionales
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¿Cuánto cobran los funcionarios de la Agencia Tributaria incluyendo todos los complementos? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Al menos, eso es lo que opinan sus representantes, que se han levantado contra el nuevo sistema de reparto de la productividad extraordinaria.
La cantidad no es pequeña: entre 50 y 60 millones de euros en diversos pagos. Aunque realmente lo que ha soliviantado a muchos trabajadores es la opacidad en su distribución, como sostiene Antonio García Soto, responsable de UGT en la Agencia. Y lo que no es menor relevante, se cuestiona el hecho de que los inspectores y otros altos cargos de la Agencia vayan a cobrar hasta 550 euros por hora de trabajo adicional siempre que se cumplan determinados objetivos.
El sistema -con un componente fijo y otro variable en función del crédito presupuestario final- responde al nombre de Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA), y en síntesis supone repartir una bolsa que puede oscilar finalmente entre 50 y 60 millones de euros entre todos los funcionarios con la obligación de alcanzar determinados resultados en relación con la lucha contra el fraude fiscal. El otro requisito es cumplir al menos 10 horas adicionales de trabajo entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Y otras 10 horas extras entre el 1 de julio y el 31 de octubre.
Los pagos se harán “en función del grado de contribución efectiva de cada funcionario al logro de los resultados alcanzados por el conjunto de la organización”. El componente fijo ya tiene reservado un máximo de cinco millones de euros en el presupuesto de la Agencia Tributaria.
No se trata de una idea nueva. Ya funcionó el año pasado con otros baremos, y entonces se distribuyeron 26,7 millones de euros. Más del 80% de la plantilla se ha acogido hasta el momento a él. Hacienda esgrime que la mejora de los pagos por productividad favorece la recaudación, y de ahí que en marzo anunciara la puesta en marcha del segundo plan. En el primero se puso como objetivo recaudar al menos 9.600 millones a través de la campaña anual contra el fraude fiscal, objetivo que se superó ampliamente (al final fueron 11.484 millones).
La Agencia Tributaria entiende que las propuestas de reparto de la productividad son "esencialmente las mismas que en el año pasado; entonces hubo un apoyo sindical mayoritario al plan y ahora algún sindicato que entonces sí lo apoyó, lo critica", asegura.
En 2015, el programa de incentivos operará en el mejor de los supuestos si la Agencia Tributaria logra llegar a los 11.300 millones en el marco de su plan de lucha contra el fraude fiscal.
El anterior plan, como se ha dicho, fue pactado entre los sindicatos y la dirección de la Agencia Tributaria, pero en esta ocasión no ha habido acuerdo alguno, lo que no significa, sin embargo, que no esté funcionando a pleno rendimiento. El plan prevé, en concreto, que para tener acceso a los beneficios del mismo, los participantes deben asumir un “horario incrementado” en el primer semestre de al menos 10 horas adicionales para el personal de las áreas operativas, y de 7,5 horas para el personal de las áreas de apoyo.
La Agencia Tributaria ha previsto que la media de retribución de los funcionarios en puestos de libre disposición no pueda superar los 4.300 euros, con un máximo de 4.900. Si bien se reconoce que “de forma excepcional y ante peticiones motivadas” el director de recursos humanos pueda autorizar cambios en estas cantidades.
Los límites, en todo caso, son tan flexibles que la propia comunicación interna de la Agencia Tributaria enviada a sus directivos habilita “una segunda vía excepcional”, que consiste en admitir pruebas de que los funcionarios han participado en el “logro de resultados concretos”, lo que les eximiría de cumplir incluso las diez horas adicionales de trabajo.
La adhesión al plan es voluntaria, pero en una comunicación interna de la Agencia Tributaria enviada a todos los directores y delegados regionales se recuerda que “los funcionarios que hayan renunciado a participar en el PEIA no percibirán ningun pago de productividad derivado del mismo”, ni entregas a cuenta, ni garantías retributivas, ni productividad variable. Y es que el nuevo plan es complementario a los pagos de productividad que desde hace muchos años se abonan en la Agencia Tributaria. La propia Agencia recuerda que "un porcentaje muy significativo de delegados sindicales se han adherido personalmente al plan de intensificación que se critica desde alguna central sindical".
En total, y tan sólo por este concepto, unos 100 millones de euros al año en función del cumplimiento de determinados objetivos. Principalmente, la lucha contra el fraude fiscal, aunque departamentos que no están involucrados directamente en este fin también perciben estos complementos extraordinarios. La causa tiene que ver, lógicamente, con que se considera que todos los empleados de la organización colaboran para lograr los objetivos.
El nuevo plan de productividad se negoció con los sindicatos a principios de año, pero al final no hubo acuerdo con ninguna de las ocho centrales con que cuenta la Agencia Tributaria. Básicamente, porque consideran que el sistema de reparto es arbitrario. Para la Agencia Tributaria, por el contrario, lo conveniente es reforzar la retribución variable, por objetivos, para intensificar la lucha contra el fraude.
La cantidad no es pequeña: entre 50 y 60 millones de euros en diversos pagos. Aunque realmente lo que ha soliviantado a muchos trabajadores es la opacidad en su distribución, como sostiene Antonio García Soto, responsable de UGT en la Agencia. Y lo que no es menor relevante, se cuestiona el hecho de que los inspectores y otros altos cargos de la Agencia vayan a cobrar hasta 550 euros por hora de trabajo adicional siempre que se cumplan determinados objetivos.
El sistema -con un componente fijo y otro variable en función del crédito presupuestario final- responde al nombre de Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA), y en síntesis supone repartir una bolsa que puede oscilar finalmente entre 50 y 60 millones de euros entre todos los funcionarios con la obligación de alcanzar determinados resultados en relación con la lucha contra el fraude fiscal. El otro requisito es cumplir al menos 10 horas adicionales de trabajo entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Y otras 10 horas extras entre el 1 de julio y el 31 de octubre.
Los pagos se harán “en función del grado de contribución efectiva de cada funcionario al logro de los resultados alcanzados por el conjunto de la organización”. El componente fijo ya tiene reservado un máximo de cinco millones de euros en el presupuesto de la Agencia Tributaria.
No se trata de una idea nueva. Ya funcionó el año pasado con otros baremos, y entonces se distribuyeron 26,7 millones de euros. Más del 80% de la plantilla se ha acogido hasta el momento a él. Hacienda esgrime que la mejora de los pagos por productividad favorece la recaudación, y de ahí que en marzo anunciara la puesta en marcha del segundo plan. En el primero se puso como objetivo recaudar al menos 9.600 millones a través de la campaña anual contra el fraude fiscal, objetivo que se superó ampliamente (al final fueron 11.484 millones).
La Agencia Tributaria entiende que las propuestas de reparto de la productividad son "esencialmente las mismas que en el año pasado; entonces hubo un apoyo sindical mayoritario al plan y ahora algún sindicato que entonces sí lo apoyó, lo critica", asegura.
El anterior plan, como se ha dicho, fue pactado entre los sindicatos y la dirección de la Agencia Tributaria, pero en esta ocasión no ha habido acuerdo alguno, lo que no significa, sin embargo, que no esté funcionando a pleno rendimiento. El plan prevé, en concreto, que para tener acceso a los beneficios del mismo, los participantes deben asumir un “horario incrementado” en el primer semestre de al menos 10 horas adicionales para el personal de las áreas operativas, y de 7,5 horas para el personal de las áreas de apoyo.
11.000 euros adicionales
Teniendo en cuenta, según los sindicatos, que el plan se ha distribuido en dos plazos (primer y segundo semestre) eso significa que los niveles altos de la Agencia Tributaria podrían cobrar hasta un máximo de 11.000 euros adicionales (5.500+5.500) si se adhieren a él como aplicación de su parte variable. Estos pagos no son consolidables en la nómina y tienen el carácter de extraordinarios.La Agencia Tributaria ha previsto que la media de retribución de los funcionarios en puestos de libre disposición no pueda superar los 4.300 euros, con un máximo de 4.900. Si bien se reconoce que “de forma excepcional y ante peticiones motivadas” el director de recursos humanos pueda autorizar cambios en estas cantidades.
La adhesión al plan es voluntaria, pero en una comunicación interna de la Agencia Tributaria enviada a todos los directores y delegados regionales se recuerda que “los funcionarios que hayan renunciado a participar en el PEIA no percibirán ningun pago de productividad derivado del mismo”, ni entregas a cuenta, ni garantías retributivas, ni productividad variable. Y es que el nuevo plan es complementario a los pagos de productividad que desde hace muchos años se abonan en la Agencia Tributaria. La propia Agencia recuerda que "un porcentaje muy significativo de delegados sindicales se han adherido personalmente al plan de intensificación que se critica desde alguna central sindical".
En total, y tan sólo por este concepto, unos 100 millones de euros al año en función del cumplimiento de determinados objetivos. Principalmente, la lucha contra el fraude fiscal, aunque departamentos que no están involucrados directamente en este fin también perciben estos complementos extraordinarios. La causa tiene que ver, lógicamente, con que se considera que todos los empleados de la organización colaboran para lograr los objetivos.
El nuevo plan de productividad se negoció con los sindicatos a principios de año, pero al final no hubo acuerdo con ninguna de las ocho centrales con que cuenta la Agencia Tributaria. Básicamente, porque consideran que el sistema de reparto es arbitrario. Para la Agencia Tributaria, por el contrario, lo conveniente es reforzar la retribución variable, por objetivos, para intensificar la lucha contra el fraude.
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