El concejal de Hacienda de Manuela Carmena ve "ilegítima" el 80% de la deuda de Madrid
El concejal de Hacienda de Manuela Carmena ve "ilegítima" el 80% de la deuda de Madrid
Carlos Sánchez Mato reconoce la "sostenibilidad técnica" de la deuda pero no descarta su suspensión o anulación. Pide depurar responsabilidades y señala a políticos como Ruiz Gallardón y Ana Botella
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en una imagen de archivo. (EFE)
ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados y Sacyr están en el punto de mira del equipo de Gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En concreto, del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, que asegura que el 80% de la deuda de la capital es “ilegítima” aunque reconoce la "sostenibilidad técnica" de la misma sin descartar su suspensión o anulación.
Así lo aseguró este martes el concejal de Ahora Madrid en un artículo publicado en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global bajo el título Endeudamiento urbano. La insostenibilidad social de la deuda municipal de Madrid, en la que apunta que “los problemas de sobreendeudamiento son un síntoma de la incapacidad del sistema capitalista de proporcionar un crecimiento sano que satisfaga las necesidades básicas de la población”.
Depurar responsabilidades políticas
El concejal Carlos Sánchez Mato. (EFE)
Para paliarlo, Sánchez Mato cree que los procesos de “participación ciudadana” son capaces de “auditar el desmesurado crecimiento de la deuda” en ciudades como Madrid y exige “depurar responsabilidades políticas y legales” y orientar los recursos públicos hacia las necesidades sociales. En definitiva, acabar con la subordinación de las administraciones públicas a los acreedores con el firme objetivo de poner por delante a los ciudadanos.
Según Sánchez Mato, el sector privado es el culpable del endeudamiento de las corporaciones locales de España y califica de “escandalosas” las cotas de “expolio” de las arcas públicas. Además, recuerda que, en conjunto, la deuda de ayuntamientos, diputaciones y ciudades autónomas “se ha multiplicado por dos” en los últimos catorce años.
La deuda, "herramienta de dominación" del pueblo
Continuando en la misma línea, el concejal de Manuela Carmena afirma que “la deuda es una herramienta financiera de dominación de los pueblos” y cree que las actuaciones de los dirigentes públicos de Madrid “han cargado sobre las espaldas de todos” una deuda “odiosa e impagable”.
En este punto carga con dureza contra la gestión privada de grandes infraestructuras y servicios como recogida de basuras, alumbrado y mantenimiento de parques a grandes empresas como “ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados o Sacyr".
Para lograrlo, Sánchez Mato apunta a que Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella han convencido a los madrileños de que los servicios prestados por empresas privadas “eran más baratos para el erario público”. “Los hechos demuestran lo contrario”, advierte el concejal, que cree que “parece claro que más del 80% de la deuda del Ayuntamiento de la capital del Estado tiene suficientes elementos para ser declarada ilegítima” debido, principalmente, a obras faraónicas como el soterramiento de la M-30, la remodelación del Palacio de Cibeles y la construcción de la Caja Mágica.
Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón en una imagen de archivo. (EFE)
Suspensión o anulación de la deuda
Al término del artículo, Carlos Sánchez Mato ofrece una alternativa: hacer una “auditoría ciudadana de la deuda” para lograr argumentos y herramientas dirigidos al gobierno municipal para la “suspensión o anulación de la deuda” identificada como ilegal y/o ilegítima, en una eventual negociación con los acreedores.
Según el concejal, el proceso permitirá "mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, procesos de rendición de cuentas, así como el aumento en la eficiencia y eficacia de la gestión del Ayuntamiento de Madrid" y poner en valor el derecho de la ciudadanía a saber y conocer lo que ha ocurrido. "El acceso a la información en manos de las entidades públicas, es un derecho fundamental que forma parte del derecho a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", recuerda.
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