Así piensa la CUP: control de fábricas, prohibir despidos, control obrero, dejar la UE
Es el partido que mantiene preso a Artur Mas y que puede decidir el futuro inmediato de Cataluña después del 27-S. Y su pensamiento eriza el vello a sus propios 'socios' de Junts Pel Si
El candidato a la presidencia de la Generalitat por la CUP, Antonio Baños. (EFE)
El presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, lo tiene muy crudo para repetir mandato. Sus exiguos 62 diputados no le bastan ni para ser elegido en segunda ronda con mayoría simple y, por ello, los esfuerzos de los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de Esquerra Republicana (ERC) y de la “sociedad civil”, o sea, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural (todos ellos unidos bajo la candidatura Junts Pel Sí) son intentar convencer a la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), la otra formación independentista, de que no impida la investidura de Mas.
Pero ¿qué es exactamente la CUP, un partido que hasta hace poco apenas nadie conocía y que hoy tiene a Artur Mas contra las cuerdas? De hecho, la CUP es una amalgama de grupos radicales de la izquierda que han ido articulándose en los últimos años hasta convertirse en un movimiento político de primera magnitud y con una extraordinaria fuerza en algunas comarcas y en algunos segmentos de la sociedad catalana. Sus postulados: democracia directa, estatalizaciones, control obrero de la producción, intervención de los consejos de las entidades financieras que hayan recibido dinero público, prohibición de los despidos, impago de la deuda y salida del euro y de la UE. Todo para llegar a una República Catalana Popular y bajo la atenta vigilancia de una especie de ‘guardianes de la revolución’.
Si a algunos les parecía radical la ANC y sus postulados, la CUP no se queda a la zaga. En un documento titulado ‘Programa político plebiscitario’, elaborado para las últimas elecciones catalanas, la organización critica sin ambages a la ANC, el paradigma del independentismo: “No es que la ANC haya dejado de lado la preocupación por llegar a las bases sociales castigadas por la miseria y la precariedad, sino que le han faltado las herramientas analíticas, la valentía política y la capacidad organizativa para reunir el lado social y el nacional en un solo eje y con una dirección más diversa y radical. Su debilidad se encuentra en el hecho de que quiere creer la fantasía de que puede haber una ruptura tranquila, pausada y reconocida internacionalmente con el Estado español que limita enormemente la capacidad estratégica del movimiento”.
Así piensa la CUP: control de fábricas, prohibir despidos, control obrero, dejar la UE
El concepto que la CUP tiene de España queda reflejado en ese documento: “Un Estado español, heredero del franquismo, que hizo de la negación del derecho a la autodeterminación y la unidad estatal forzada uno de sus pilares más esenciales”.
Salida del euro
En su programa electoral subraya incluso que “después del crac de Syriza, no podemos ignorar la necesidad de un posicionamiento firme inequívoco y preparado sobre esta materia que incluya la disposición planificada de la salida del euro y de la UE”. Todo ello porque “el ejercicio de la plena soberanía requiere no solo romper con las imposiciones del Estado español, sino también de la UE y de la Troika, instituciones antidemocráticas que actualmente dictan las políticas neoliberales de austeridad”.
La CUP es partidaria de la democracia directa y de la colectivización. “Entendemos la participación de las clases populares como el embrión de un nuevo modelo democrático, económico y social que permita revertir la actual toma de decisiones para consolidar un modelo de abajo a arriba. Es preciso trabajar para ofrecer al conjunto de las clases populares herramientas que les permitan participar directamente de su entorno social y de las decisiones políticas que les afectan directamente, meditante asambleas territoriales o sectoriales”, recoge en su programa electoral.
Foot: EFE.
En su documento sobre el programa plebiscitario (que recoge más concreciones que el propio programa electoral), afirma que “es necesaria la ruptura inmediata con el marco jurídico y político del Estado español mediante una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que ha de ser la primera acción del nuevo Parlament. La DUI supondrá nuestra desconexión con las leyes de la Constitución española de 1978 y del régimen monárquico heredero del franquismo”.
Esa sería una primera fase. La siguiente consistiría en “impulsar un Gobierno de ruptura nacional, social y democrática” que tome como primeras medidas anunciar el impago de la deuda y la paralización de los desahucios, así como un plan de choque para hacer frente “a la dramática situación de empobrecimiento generalizado de las clases populares y trabajadoras”. En esa fase, la CUP se guardaría como tarea “velar para impedir cualquier intento de dilación del proceso de ruptura nacional, social y democrático”.
Medidas drásticas
Ese Gobierno también debería tomar medidas drásticas como desobedecer el techo de déficit, la aplicación de la Ley Wert, de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones o de la Ley de Reforma de las Administraciones públicas. Pondría en marcha nuevamente leyes suspendidas como la Ley de Comercio catalana o el impuesto sobre cuentas bancarias, aboliendo la Ley mordaza. Paralelamente, pondría en marcha la Hacienda catalana y un mecanismo de “control de capitales para evitar la huida y constituir una caja de resistencia alimentada con aportaciones de todos los agentes políticos, económicos y sociales y particulares que lo deseen”. Por último, su intención es “articular la insumisión de los ayuntamientos a la legalidad española”.
Por ello, pretende “potenciar los mecanismos de democracia directa”, la “organización colectiva”, "corresponsabilidad de la población” y la “puesta en marcha de una Administración transparente, desburocratizada, ágil y eficaz, que abandone completamente el neoliberalismo, la especulación y la privatización”. En sus previsiones entraba la creación de una Asamblea Constituyente elegida por el nuevo Parlament. Esa asamblea debería redactar la Constitución de la República Catalana, a partir de un proceso constituyente, y que debería ser aprobada finalmente en un referéndum. La asamblea debe organizar el proceso “por medio de asambleas comarcales formadas por representantes de los organismos de base popular que incluyan todos los cargos electos de todas las comarcas”.
En este proceso, el poder popular sería crucial. “El movimiento popular operará como garantía para que ni la estructuras de partido ni los intereses oligárquicos frenen la potencialidad de ruptura del proceso constituyente. Con esta finalidad, se crearán órganos observadores formados por personas escogidas por sorteo, como los jurados populares electorales”. Es decir, algo así como los guardianes de la revolución pero en plan catalán.
Manifestación por la Diada de Cataluña. (EFE)
Ante la oposición que pueda ejercer el Gobierno español, la CUP es partidaria de acciones drásticas. “Es preciso tener prevista y organizada la resistencia para responder a una previsible intervención estatal de las instituciones catalanas. En este caso, será preciso impulsar la movilización popular (incluyendo la construcción de los organismos necesarios para una huelga general) en defensa de la República Catalana y las reivindicaciones populares”.
En otro de los puntos, añade: “Haremos una campaña en la calle que movilice y articule un amplio apoyo social que solo es realizable sobre la base de actos de soberanía. Aquí, juntamente con el movimiento sindical, apoyará iniciativas y formas de lucha específicas, como huelgas, ocupaciones con control obrero, formas cooperativistas, etc”, como parte esencial “para fortalecer la dinámica de movilización en la calle y hacer emerger liderazgos colectivos que permitan reforzar la indisociabilidad entre lucha social y lucha nacional”. Para ello, una de las medidas es crear planes de empleo público con contratación directa de las administraciones (para hacer frente al paro y a la precarización laboral) y el control de las deslocalizaciones por parte de los trabajadores. Entre las medidas, destacan también prohibir los despidos y el reparto del trabajo, así como la paralización de todas las privatizaciones.
Venezuela, Cuba, Palestina... y Euskal Herria
En el terreno económico, pone énfasis en el hecho de que “cualquier sistema financiero ha de estar sujeto al control democrático de la población”. Por ello, propugna “la nacionalización de aquellas entidades financieras sustentadas por el capital público”. También prevé “la intervención de los consejos de administración de todas aquellas entidades financieras que hayan recibido, de una manera u otra, dinero público”. Al margen, propugna la creación de un banco público catalán y obligará a las administraciones catalanas a que depositen “parte de sus fondos en entidades de finanzas éticas”. También está entre sus objetivos potenciar “una red de entidades públicas desobedientes con la deuda”.
La solidaridad internacionalista tiene también una gran importancia. “Combatiremos el fascismo, el racismo y la xenofobia”, dice su ideario. Y detalla los países que tendrán prioridad en su política exterior: “Venezuela, Cuba, Colombia, Sáhara, Palestina, Kurdistán, los países del ALBA (o sea, la Alianza Bolivariana) y Euskal Herria”. Y subraya: “No reconocemos la actual UE”. Asimismo, quiere impulsar “campañas de boicot contra empresas transnacionales y a los estados que violen los derechos humanos”.
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