El secuestro fue reivindicado en una acción conjunta de AlMorabitún y Al Qaeda del Magreb Islámico, grupo al que el Ejecutivo de Zapatero pagó por un rescate de cooperantes en 2010.
Lunes, 23. Noviembre 2015 - 19:29
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El secuestro en el hotel Radisson Blue de Bamako (Malí), acabó con 19 rehenes y dos asaltantes muertos. Fue reivindicado como una acción conjunta de dos grupos terroristas yihadistas: Al Morabitún y Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Dos organizaciones que según el Departamento de Estado de EEUU, en su informe anual sobre terrorismo internacional, tienen como una de sus principales fuentes de financiación el cobro de rescates.
España, pese a los pactos internacionales y los cambios que realizó en su legislación, ha pagado varios rescates a AQMI, el grupo que secuestró el hotel Radisson. El pago del que hay mayor constancia, que osciló entre 5 y 10 millones de euros y que el Departamento de Estado norteamericano cifró en siete millones, fue el que realizó el Gobierno que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para poner fin al secuestro de tres cooperantes de la ONG Acció Solidaria: Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez.
Estos hechos fueron denunciados ante al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca, que representaba a la acusación popular. En la denuncia a la que ha tenido acceso Gaceta.es, y que fue archivada provisionalmente amparándose en que Mauritania no respondía a la solicitud de información demandada, deja claro que el Gobierno español pagó “entre 5 y 10 millones de euros”, además de un avión militar entregado al Gobierno mauritano por su colaboración y mediación.
Mientras se producían las negociaciones para liberar a Villalta y Pascual, Gámez fue liberada mucho antes ante su mal estado de salud y por hacer creer a sus captores que se había convertido al islam, los servicios secretos recordaron en varias ocasiones por medio de su representación diplomática y por escrito, que no se debía pagar rescates a los secuestradores para no financiar su actividad terrorista.
Finalmente, el Ejecutivo de Zapatero terminó pagando el rescate a AQMI lo que le valió una protesta formal de Daniel Benjamin, coordinador antiterrorista del Departamento de Estado de EEUU, ante el entonces embajador de España en Washington, Jorge Dezcallar, a quien criticó el pago de más de siete millones de euros.
Pero no fue el único pago que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la querella presentada ante la Audiencia Nacional también se considera probado que, en la línea política emprendida por el Ejecutivo, se pagó también en los secuestros del Playa de Bakio y el Alakrana.
Los pagos se realizaron mientras que el Gobierno, en una actitud claramente contraria a la que mantenía en los casos de secuestro, aprobaba y publicaba en el BOE la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que establecía la prohibición del pago de rescates a terroristas.
El dinero pagado a los terroristas para conseguir la libertad de los cooperantes no fue el único coste material que tuvo para el Estado. A la vez, el Consejo de Ministros aprobaba la venta de un avión de patrulla marítima, un C212, a Mauritania por el precio de 100 euros. Lo que según la querella presentada por Antonio Alberca ante la Audiencia Nacional es una clara contraprestación a la ayuda en la intermediación en las negociaciones. Un gobierno, el mauritano, que 
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